politica@eluniversal.com.mx

WASHINGTON.— La organización defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), consideró ayer que la detención de ocho militares ordenada en las últimas horas por la Secretaría de la Defensa Nacional para esclarecer su presunta participación en la masacre de 22 civiles en la localidad de Tlatlaya, Estado de México, no ha hecho más que confirmar el derrumbe de una versión oficial que intentó encubrir durante casi tres meses una de las peores masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas.

“Con estas detenciones ha colapsado la versión oficial que se mantuvo porfiadamente durante casi tres meses”, consideró el director ejecutivo de la organización HRW, José Miguel Vivanco, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras la aprehensión de estos ocho militares que permanecen en el Campo Militar No. 1, Vivanco lamentó la tardía actuación de las Fuerzas Armadas, la lentitud de la Procuraduría General de la República (PGR) —a la que instó a emprender una investigación paralela—, y la “decepcionante” actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“No podemos perder de vista que aquí se han cometido dos crímenes; primero, el de la masacre —creo que ya podemos hablar en este sentido— y, el segundo, el intento de encubrimiento. Estamos frente a una maniobra de encubrimiento para engañar al país y a los familiares de las víctimas; para tratar de eludir la acción de la justicia y proteger a personal del Ejército que participó en una de las masacres más graves según el número de víctimas y el testimonio de una de las supervivientes”, consideró Vivanco.

“Ante esta situación, una prueba de fuego para el gobierno de México será el investigar a fondo las circunstancias y a los autores de la masacre pero, además, el encubrimiento de los hechos”, enfatizó.

“Hasta donde yo sé, ahora la PGR tiene luz verde para proseguir con una investigación seria y sería lo más deseable. Lo más preocupante sería que esta investigación se quedara en el ámbito del fuero militar. Espero que el señor procurador, Jesús Murillo Karam, no se deje presionar”, manifestó.

El pasado 30 de junio, 22 personas murieron en una bodega en Tlatlaya, Estado de México. En un comunicado emitido ese mismo día, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que se trató de un enfrentamiento entre elementos del ejército y delincuentes armados que agredieron a los soldados.

Las contradicciones entre la versión oficial y los testimonios de algunos testigos y supervivientes pusieron sobre la pista de una masacre a la agencia de noticias AP y, posteriormente a la revista Esquire, que recogieron el testimonio de una testigo y una superviviente.

“Los méritos de la investigación se lo llevan periodistas de medios extranjeros que empezaron desde el primer momento a contrastar la versión oficial. Como lo hicieron la agencia AP y la revista Esquire”, dijo Vivanco.

En la información publicada por Associated Press a mediados de septiembre, una mujer relató cómo vio el momento en que los soldados dispararon y asesinaron a su hija Érika Gómez González, de 15 años. Según la versión que ofreció su madre, “Érika yacía en el suelo con una herida en la rodilla, los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho. “Luego la volvieron a poner boca abajo”, aseguró la madre a la agencia estadounidense.

Según este mismo testimonio, las otras 20 personas fueron ejecutadas a tiros después de que se rindieran, aseguró la mujer, quien pidió a la agencia no ser identificada por razones de seguridad.

“Es muy alarmante la tardanza [en la investigación] y la falta de transparencia. Y hasta que no hubo una investigación por parte de medios de comunicación y un reclamo creciente de la sociedad, las autoridades han decidido tomar cartas en el asunto”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).