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La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) alistan un mecanismo para prevenir probables irregularidades de servidores públicos y fomentar la transparencia en la administración y la aplicación de los recursos públicos.

Ambas instituciones integrarán grupos de trabajo para fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, así como para definir las estrategias para reforzar la aplicación del poder disciplinario, del registro y seguimiento patrimonial de servidores públicos y sanciones a proveedores.

De acuerdo con el convenio de colaboración que firmarán mañana ambas instancias, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, los firmantes intercambiarán criterios, experiencias e información en materia de atención de quejas y denuncias, investigación de conductas relacionadas con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de la resolución de procedimientos disciplinarios y la información relativa al registro de servidores públicos sancionados.

Además, compartirán asesoramiento para establecer mecanismos a fin de requerir a terceros información sobre los contratos de bienes y servicios del Estado, con la intención de lograr el adecuado ejercicio de las funciones y de control en sus respectivos ámbitos de competencia.

En la cooperación incluyeron el intercambio de experiencias y criterios para la realización de auditorías, procedimientos, métodos y sistemas para la revisión y fiscalización de los recursos públicos.

El INE y la SFP también actualizarán el sistema de registro y control de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del instituto, el acceso a los registros de funcionarios sancionados, la capacitación en materia de auditoria, y el uso de tecnologías de la información.

Por ello, promoverán entre su personal los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad y transparencia en la gestión.

La Secretaría de la Función Pública y el instituto también se apoyarán para evitar o resolver cualquier conflicto en caso de presentarse reclamaciones o demandas de carácter laboral, civil o penal, por parte del personal, personas o instancias ajenas a ellas, en el desarrollo de sus trabajos.

La colaboración entre ambas instancias tiene como objeto impulsar y consolidar la cultura de rendición de cuentas y compartir las mejores prácticas para fortalecer las actividades legales que desempeñan los funcionarios.

También pretenden evitar la selección, contratación, nombramiento o designación de personas que fueron sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.