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Sancionó SFP a a 95 servidores por opacidad

Alberto Morales| El Universal
Lunes 04 de agosto de 2014
Sancion SFP a a 95 servidores por opacidad

ANTECEDENTE. El agente del MP, Édgar Zeferino Serna, fue cesado en 2007 por no dar una versión pública de la muerte del titular de la SSP, Ramón Martín Huerta. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Cultura de transparencia aún no permea: coordinadora de Fundar

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En los últimos ocho años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solamente ha sancionado a 95 servidores públicos por violar o desacatar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Para Haydeé Pérez Garrido, coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la negativa de los servidores públicos a acatar las resoluciones del IFAI responde a muchas causas, entre ellas, una cultura de la transparencia.

De acuerdo con el reporte de sanciones impuestas por violaciones al derecho de los ciudadanos de conocer las acciones de la administración Pública Federal hasta el 30 de julio pasado, entre esos funcionarios destacan el caso del agente del Ministerio Público federal, Édgar Zeferino Serna Vega.

Serna Vega llevó la investigación del accidente aéreo donde murió el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta.

Fue destituido en 2007 porque se negó a acatar una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información para entregar una versión pública de la averiguación previa por la muerte del funcionario.

En 2008, la entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, también recibió una amonestación privada por negarse a acatar la Ley de Transparencia, sin embargo, en el reporte no se especifica el motivo de la sanción.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, 75 funcionarios recibieron de parte de la Función Pública una amonestación pública o privada, suspensión o amonestación o inhabilitación del cargo e incluso destitución.

Mientras que en los primeros dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la dependencia sancionó a 20 servidores públicos con amonestaciones públicas, suspensiones o inhabilitaciones temporales del cargo.

En el reporte, destacan que las dependencias con el mayor número de servidores públicos sancionados por no acatar la Ley de Transparencia son el ISSSTE, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), la entonces Secretaría de la Reforma Agraria y la Comisión Nacional del Agua, entre otras.

En el área de seguridad destacan la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación.

El pasado 30 de julio, el IFAI informó que presentó una denuncia ante la SFP contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por incumplir resoluciones para entregar un listado de los beneficiados por la cancelación de créditos fiscales y la cancelación de una patente de agente aduanal.

Durante la sesión pública, la coordinación de Acceso a la Información del órgano garante explicó que el SAT se ha negado a entregar la información de los 50 mayores beneficiados por cancelación de créditos fiscales con el argumento de que se trata de “información reservada” y por el “secreto fiscal”.

En abril pasado el IFAI revocó la respuesta del SAT porque el organismo de Hacienda comenzó con la publicación de la información sobre los montos correspondientes a las cancelaciones de los créditos fiscales del periodo 2007-2010.

El instituto instruyó al SAT a entregar la información, pero en un oficio con fecha del 20 de mayo pasado el órgano desconcentrado de Hacienda respondió que existe un “impedimento” para dar cumplimiento a la resolución porque la información está protegida por el llamado “secreto fiscal”.

Falta cultura de la transparencia

Haydeé Pérez indicó que a pesar de que el derecho a la información está garantizado en la ley, aún se registran estas resistencias.

“A pesar de que el derecho al acceso a la información está garantizado en la Constitución, se siguen observando resistencias de parte de algunas dependencias y funcionarios de cumplir con esta obligación sobre todo en temas sensibles o de contextos políticos tensos”, dice.

La especialista en temas de rendición de cuentas refirió que otro de los factores es que en muchas ocasiones las dependencias no generan la información de manera adecuada, no es archivada o las unidades de enlace no tienen los recursos físicos o materiales para cumplir con esa obligación legal.

Expresó que con miras a la construcción de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2013, los senadores deberían valorar un sistema mixto —a cargo de la Función Pública y los órganos garantes— para que se cumplan las resoluciones y los funcionarios entreguen la información.

“El IFAI debería tener más dientes para que tenga capacidad de sanción directa, pero también que los órganos internos sigan con su función de sancionar a servidores que no acaten la regla”, planteó Pérez Garrido.

Refirió que también se tiene que avanzar en los mecanismos ciudadanos de vigilancia de los servidores públicos, porque el reporte de la Función Pública sobre funcionarios sancionados por violar la Ley de Transparencia carece de información sobre los casos vinculados a las solicitudes de información o resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)

“Este es un tema que las organizaciones de la sociedad civil demandó en el primer plan de acción para la Alianza del Gobierno Abierto (AGA), y fue un compromiso asumido por la Función Pública. Antes de que existiera este compromiso la información era más escueta, desactualizada, tenemos un ligero avance, pero es necesario información más detallada para tener un verdadero ejercicio de rendición de cuentas”, afirmó.





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