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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para el análisis de las preguntas que los partidos diseñaron para estrenar el instrumento de consulta popular en 2015, aprobado en el marco de la reforma político-electoral. Una vez que el Congreso de la Unión notifique a los ministros la validez de las firmas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), el alto tribunal contará con 20 días naturales para realizar el examen de constitucionalidad.

Los ministros debatirán públicamente y podrán modificar los términos de la pregunta objeto de la consulta, la cual no puede versar sobre restricciones a los derechos humanos, cambios en la Constitución Política, materia electoral, ingresos y gastos del gobierno y seguridad nacional.

La Suprema Corte únicamente puede cambiar la forma o el fraseo de las preguntas, mas no el contenido o espíritu de éstas, ya que en todo caso declararán el planteamiento inválido y notificarán a la Cámara de origen, la cual archivará y dejará sin efectos el proyecto.

En la mesa de análisis están cuatro propuestas: las del PRD y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en cuanto a la reforma constitucional en materia energética; la del PRI, sobre reducción de diputados plurinominales, y la del PAN, en relación al salario mínimo para el bienestar ciudadano.

Para expertos en materia electoral, el debate en la SCJN no será fácil, ya que cada consulta implica la interpretación de la norma.

“Ninguna procederá, excepto la del Partido Acción Nacional (PAN)”, estimó el director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde.

El ex consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) señaló que aun cuando todas las propuestas cumplen con el requisito de “trascendencia nacional” para iniciar su debate, tres de los cuatro proyectos chocarán bajo el concepto de obligatoriedad jurídica, elemento de revisión para la procedencia constitucional.

La obligatoriedad jurídica se refiere a que una consulta popular sólo es vinculante para legislación secundaria y no para cambiar la Constitución, por lo tanto, cualquier instrumento que busque cambios en la Carta Magna no es procedente.

“Y de las consultas populares puestas sobre la mesa, la única que busca cambios a legislación secundaria es la del PAN. Los salarios mínimos no tienen que ver con ningún asunto de materia prohibida, por lo tanto, es el único que procede de materia abierta y sin controversia. Tanto la del PRI, como la del PRD y Morena buscan cambiar la Constitución, por lo tanto, no proceden legalmente”, comentó Carlos Ugalde.

El ex consejero explicó que la Suprema Corte podría manifestar que la consulta energética es procedente porque cumple con los requisitos de trascendencia nacional, pero dejando claro que los resultados del ejercicio no serán vinculantes u obligatorios para cambiar la Constitución, “sin embargo, esto es un caso hipotético”.

Jesús Cantú, también ex consejero del IFE, explicó que es claro que la propuesta del PRI es un tema electoral y advirtió que en un escenario hipotético de que transite, sus efectos serían vinculantes hasta el próximo proceso electoral, en 2018.

“Hay discusión dependiendo no sólo del tema, sino sobre la forma de la pregunta. Por ejemplo, sobre la reforma en materia energética están hechos dos planteamientos (de PRD y Morena) totalmente distintos. Si bien ambas, buscan lo mismo, las preguntas son sustancialmente diferentes. Esto te cambia las posibilidades”, manifestó Jesús Cantú.