Revela Lozoya nombres de involucrados
INDAGATORIA. Emilio Lozoya, director de Pemex, el diputado Marco Antonio Bernal y Jesús Murillo, titular de PGR, intecambian opiniones en San Lázaro. (Foto: ENRIQUE ORDÓÑEZ CUARTOSCURO )
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El director de Pemex Emilio Lozoya ofreció anoche los primeros nombres de funcionarios involucrados en el fraude con Oceanografía, entre los que destacan Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche en 2009 y cercano al extinto Juan Camilo Mouriño.
Ante diputados, confirmó que se sigue un procedimiento administrativo contra Ávila, ex funcionario de Pemex, quien modificó el contrato 428237855, celebrado el 23 de octubre de 2007 con la empresa, sin estar facultado para ello, en representación de Pemex Exploración y Producción, como subdirector de Mantenimiento y Logística de la subsidiaria.
Lozoya dio a conocer los socios y miembros de Oceanografía registrados: Amado Yáñez Osuna; Energy Group Mexico, S.A.P.I. de C.V.; Grupo Acnuc, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Amaguevez, S.A. de C.V.; Alberto Durante Martínez y Carlos Daniel Yáñez Osuna.
Como ejecutivos de la empresa tiene a Amado Omar Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Pedro Ruiz Gallegos, Martín Jorge Terán Vanoya, Alberto Duarte Martínez, Gustavo Ascarate Padilla, Juan Carlos Hernández, Ermilio Escobedo Obrador, César Augusto Guevara y a Saidel Terán Sandoval.
Indicó que de los 39 contratos vigentes que la paraestatal tiene con Oceanografía tres se han rescindido, aunque se han impuesto penalidades por el manejo irregular en operaciones.
Lozoya Austin dijo que el caso no ha afectado operaciones de la paraestatal y seguirán colaborando con la PGR para castigar a responsables.
Demanda Infonavit ante la PGR
El procurador General de la República Jesús Murillo Karam reconoció que las investigaciones van “despacio” porque integran una “consignación creíble”.
En reunión de trabajo con las comisiones de Energía y Medio Ambiente, notificó que recibió del IMSS y del Infonavit denuncias contra Oceanografía por el incumplimiento de cuotas y se determina el grado de afectación económica que pudo ocasionar a sus trabajadores.
No se pretende, dijo, ocultar información, sino ser cautelosos “para no afectar a inocentes”.