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A petición del Senado, los poderes Judicial y Legislativo del estado de Guerrero reportaron normalidad en sus funciones y obligaciones.

Como parte del análisis para definir si procede la desaparición de poderes en Guerrero, presentado por el PAN, senadores solicitaron al Poder Legislativo y Judicial de Guerrero que expliquen las condiciones que “operan” después de la crisis de seguridad que generó el asesinato de seis personas en Iguala y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado.

Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Guerrero, magistrada Lambertina Galeana, informó al Senado que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en la entidad en ningún momento han abandonado o dejado de cumplir sus funciones.

En una respuesta a la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, que preside la senadora Cristina Díaz Salazar (PRI), Galeana aseguró que se trabaja de manera normal en la impartición de justicia.

“No obstante los acontecimientos por los que atraviesa el estado y que son de dominio público, no se ha impedido la vigencia del orden jurídico ni el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

“El orden jurídico que rige las instituciones de Guerrero, las relaciones interpersonales y sociales en la entidad, tienen plena vigencia y se aplican en los términos, plazos y condiciones que establece el propio orden jurídico vigente”, señala el documento enviado a la Comisión de Gobernación.

También informó que no se encuentran imposibilitados físicamente, ni limitados en forma alguna en el ejercicio de sus funciones.

“Todos los integrantes de los órganos jurisdiccionales y de las unidades administrativas del Poder Judicial local trabajan en condiciones de absoluta normalidad, cumpliendo con las funciones constitucionales y legalmente encomendadas”, señala.

“Congreso triplicó trabajo”. La presidenta del Congreso de Guerrero, Laura Arizmendi, respondió al Senado de la República que ni los integrantes ni el Poder Legislativo de la entidad han abandonado ni dejado de cumplir con sus funciones derivado de los “lamentables” acontecimientos en Iguala.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, en documento dirigido a la presidenta Cristina Díaz, explicó que del 29 de septiembre al viernes 17 de octubre, el Congreso de Guerrero ha llevado a cabo nueve sesiones desahogando diversos temas como el paquete fiscal 2015 para la entidad.

“En las tres semanas posteriores a los acontecimientos de septiembre, la ley nos obliga a celebrar por lo menos una (sesión) cada semana, es decir, tres sesiones en tres semanas; sin embargo, hemos triplicado el número mínimo de sesiones que la ley exige, con lo que se demuestra que los diputados integrantes del H. Congreso no han abandonado o dejado de cumplir con sus funciones”.

De acuerdo con el escrito enviado a la Cámara Alta, las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y de Seguridad Pública, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones de los hechos en Iguala han tenido y tienen mayores tareas.

“Los integrantes del Congreso del estado nos encontramos en posibilidades físicas para cumplir debidamente con las funciones inherentes al cargo con motivo de la situación que vive actualmente el estado”.

Ello, no obstante los daños provocados a la sede del Congreso local el día 29 de septiembre pasado por manifestantes, así como las movilizaciones que se han registrado en la capital.

El Congreso local aclara que nunca se ha perdido la vigencia del orden jurídico y que continúa cumpliendo con los ordenamientos legales.

Cercano el dictamen: Díaz Salazar. Se espera que mañana martes, la Comisión de Gobernación del Senado sesione para votar un dictamen en el cual tendrá que acreditar si existen elementos para decretar la desaparición de poderes en la entidad.

Díaz Salazar explicó que será el pleno del Senado el que decida si procede o no la desaparición de poderes.

“El dictamen que la comisión elabore señalará si en los hechos que encontramos podemos identificar alguno que pueda estar dentro de las causales que marca la Constitución para la desaparición, pero sólo los enunciamos, el pleno del Senado es el que toma la decisión”.

El senador Héctor Larios (PAN), secretario de la Comisión, dijo que se les solicitó información a los poderes Legislativo y Judicial de Guerrero, el viernes pasado, para darles oportunidad de explicar cuál es la situación para cumplir legalmente con sus trabajos.

Sobre la posición de las otras bancadas, expresó que esta se conocerá hasta el martes, pero aparentemente, tanto el PRI como el PRD están en contra de la desaparición de poderes, “pero no lo sabemos con certeza”.

El presidente del Senado, Miguel Barbosa (PRD), confirmó que mañana deberá haber dictamen, a favor o en contra, para que el pleno de la Cámara Alta resuelva este caso.

Aguirre debe decidir: Mancera. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, opinó que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, es quien tiene que tomar la decisión sobre lo que más le conviene al estado y a sus habitantes.

Dijo que su administración participa de la indignación nacional y se mantiene dispuesta a colaborar en la investigación para esclarecer los hechos.

Cuestionado sobre el respaldo que las corrientes del PRD, Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), ofrecen al gobernador, insistió en que se trata de una determinación que debe tomar Aguirre.

El sábado, el Consejo del PRD exigió al gobernador Aguirre solicitar licencia para calmar la crisis; sin embargo, NI y ADN cerraron filas para garantizar su permanencia. El líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, coincidió en que se trata de una decisión personal, pero demandó se deslinden responsabilidades.