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El Instituto Federal Electoral (IFE) prevé imponer al Partido Verde una multa por 59 mil 820 pesos por incumplir sus obligaciones en materia de transparencia y desatender reiteradamente los requerimientos hechos por el Comité de Información de ese instituto.

El caso se ha litigado durante dos años y medio ante el IFE, su Comité de Información, su órgano garante de transparencia, la Comisión de Quejas del IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este miércoles será resuelto por los consejeros.

El origen de este caso fue un bloque de 100 solicitudes de información realizadas en julio de 2011, en que el ciudadano Jesús Gálvez pidió a las dirigencias del PVEM en diversas entidades, entre otros datos, el manual para manejo y clasificación de archivos y nombres de los responsables de éstos.

De acuerdo con la ley hoy vigente, los ciudadanos sólo pueden solicitar información de los partidos políticos a través del Comité de Información del IFE (CI).

Pero con las reformas constitucionales sobre transparencia —cuya declaratoria de validez constitucional será emitida este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso—, los partidos ya serán sujetos obligados directos de la Ley Federal de Transparencia.

Luego, una vez emitida la legislación secundaria, éstos deberán responder ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales (IFAI) por sus incumplimientos a la ley.

El presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Agustín Ramírez Ramírez, valoró que aunque la situación podría cambiar con las reformas constitucionales, “el detalle” estará en la regulación del IFAI y las posibilidades de mayores atribuciones y coordinación con el IFE.

Los partidos responderán ante el IFAI, pero el IFE mantiene atribuciones de fiscalización de esos recursos, “entonces tiene que distinguirse en la ley cuáles son las atribuciones del IFAI para iniciar procedimientos en contra de los responsables de la falta o la omisión de entregar información a particulares, y cuándo es atribución del IFE por tratarse de datos sobre recursos que son parte de las prerrogativas de los partidos políticos”, agregó.

Respecto al caso PVEM, en el que el ciudadano requirió información sobre el manejo de sus archivos, el especialista valoró la importancia de este tipo de temas.

Es tan relevante que daría pie a que la ley secundaria establezca una hipótesis para que los partidos ordenen archivos y catálogos de archivos “donde claramente se identifiquen sus erogaciones, de otra manera la salida va a ser simple y sencillamente no encontramos el documento que nos piden”.

Viacrucis ciudadano

En el desahogo de este caso, el PVEM alegó en 2013, ante los magistrados del TEPJF, que la Ley Federal de Transparencia —expedida en 2002— era muy reciente y por tanto la desconocía o estaba en “etapa inicial de conocimiento”.

El argumento fue desestimado por el pleno del Tribunal, que por unanimidad ratificó el 18 de julio de ese año una multa impuesta por el IFE y que ascendía a 57 mil pesos, suma que el PVEM consideró —en alegatos— “altamente gravosa”, aunque en 2013 recibió financiamiento por 313 millones de pesos.

En otra sentencia previa, en abril, el TEPJF ordenó dar vista al secretario ejecutivo del IFE para sancionar al partido, pues el solicitante Andrés Gálvez acusó al Comité de Información del IFE de ser omiso ante reiterados incumplimientos del PVEM al que se concedió un plazo de 24 meses para cumplir.

Este será el caso que resolverá el IFE, tras valorar que “una vez agotados los trámites” y cumplido el plazo sin que el PVEM haya entregado la información, “ha quedado demostrada en autos la omisión”.