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La iniciativa del PAN que busca crear el Sistema Nacional Anticorrupción propone “desatarle la manos” a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que pueda llevar a cabo auditorías en tiempo real y que el ciclo de fiscalización de una cuenta pública pueda concluir el mismo año en el que se ejercen dichos recursos.

Actualmente, la cuenta pública se da a conocer con dos años de desfase, por lo que cuando hay sanciones u observaciones, no se actúa de manera inmediata ni directa contra los responsables.

La propuesta panista, la cual será presentada hoy ante el pleno de San Lázaro y turnada a comisiones, también propone establecer que los bienes derivados de enriquecimiento ilícito sean tratados conforme al procedimiento de extinción de dominio, como actualmente sucede con integrantes de la delincuencia organizada.

El documento —del cual tiene una copia EL UNIVERSAL— reconoce que la ASF no cuenta con las herramientas necesarias para combatir eficazmente este problema, “por lo que resulta de vital importancia eliminar la condición de anualidad y posterioridad reinante en la función de la fiscalización que hoy, más que fortalecer a la ASF, distorsiona el objetivo para el que fue creada”.

Reforma la Constitución. La iniciativa del PAN propone reformas constitucionales a 10 artículos y le da nuevas facultades a la ASF para contar con información oportuna y periódica que permita la detección de irregularidades y evite posibles daños a la hacienda pública.

Entre ellas, que la cuenta pública vigente se analice en tiempo real. Con los cambios se daría a la Cámara de Diputados, de manera oportuna, los insumos necesarios para la revisión de la cuenta pública y no tendría que esperar hasta que el informe final le sea entregado.

En el momento en que los “Informes Individuales de Auditoría” se entreguen a la Cámara de Diputados con los resultados de su fiscalización, adquirirán el carácter de públicos, lo que abonaría —según Acción Nacional— a la transparencia que tanto se exige.

Los panistas también proponen modificar el plazo de la presentación de la cuenta pública por parte del Ejecutivo federal, al último día hábil del mes de febrero; la entrega a la Cámara de Diputados del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, al 31 de octubre del año en que sea entregada la cuenta pública.

Sociedad civil con participación. La propuesta plantea que la conclusión de la revisión de la cuenta pública por la Cámara de Diputados se daría a más tardar al 15 de diciembre del año de su presentación, es decir, el “ciclo de fiscalización” comenzaría y concluría el mismo año.

Al presentar la iniciativa, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acompañado de legisladores de su partido, explicó que se trata de una reforma que contiene seis ejes, en el que destaca la creación de un Consejo Nacional, donde participe el sector público y la sociedad civil organizada.

Abundó que también se contempla avalar un comité ciudadano para la ética pública, responsable de los observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional y fortalecerá la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como una fiscalía especializada en combate a la corrupción, autónoma y con amplias atribuciones de investigación y persecución del delito.

Aval de otros partidos. La iniciativa tuvo un buen recibimiento por parte del PRI y PRD, quienes ven una oportunidad de combatir eficazmente la corrupción.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, en su momento dijo que existen los acuerdos para aprobar, en breve, nuevas instituciones y las leyes que integrarían el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, consideró como un despropósito, una actitud cínica, pues ellos son los que han provocado todo este andamiaje corrupto.

El pasado 20 de octubre, cuando el PAN presentó su propuesta ante los medios, el legislador priísta aseguró que estas nuevas disposiciones en materia de transparencia y anticorrupción se construirán con el mayor consenso y solidez posibles para responder a las exigencias de la sociedad de forma seria y responsable.

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, dijo que “son partidarios de que se vaya a fondo en el combate a la corrupción y más cuando son medidas para evitar que funcionarios metan la mano a recursos públicos”.