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El síndico de Iguala, Guerrero, Óscar Chávez Pineda, fue presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuya búsqueda se ha extendido hasta en cuevas y presas, con apoyo aéreo y acuático.

En tanto, por acuerdo con los familiares y representantes de los estudiantes desaparecidos, el Estado mexicano ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas.

En un mensaje a medios, Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), informó sobre las acciones emprendidas hasta este momento diversas instancias del gobierno federal.

Plan de búsqueda. Informó que para ubicar el paradero de los estudiantes están desplegados un número significativo de elementos de todas las instituciones de las fuerzas federales.

“A ese despliegue se suma la presencia de 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles”, explicó.

Bajo un plan de búsqueda, elaborado por las instituciones del gabinete de seguridad, dijo, a la fecha se han realizado casi 500 recorridos y patrullajes, así como 70 vuelos de reconocimiento en la zona.

Detalló que “en las acciones se incluye la revisión de cuevas, pozos, cerros, cañadas, túneles, minas, ríos, lagunas y presas, es decir, se ha trabajado por igual en zonas urbanas y rurales”.

Rubido destacó que, a petición de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos se cuenta con el apoyo de peritos argentinos para la realización de los peritajes, y con ellos “se revisarán de manera exhaustiva todas las muestras y perfiles genéticos que se han recabado como parte de las investigaciones”.

Sobre las medidas cautelares que demandó la CIDH al Estado mexicano, el comisionado detalló que además de que se solicitó la asistencia técnica de este organismo, las dependencias del gobierno federal han desarrollado una propuesta de Plan de Atención Integral a Víctimas, “el cual cumple con los estándares de derechos humanos, mismo que se ha enviado a los representantes y familiares de los estudiantes con el fin de contar con su apoyo en la implementación”.

Además, indicó que la PGR ha acreditado a los abogados representantes de los estudiantes y a sus familiares, con el fin de otorgarles pleno acceso al expediente y que puedan ayudar en las investigaciones, garantizando de ésta manera el derecho a la justicia y a la verdad.

“El gobierno de la República llevará a cabo todas las acciones necesarias que permitan la localización de los estudiantes, conocer la verdad, dar con los responsables de estos hechos indignantes, dolorosos e inaceptables y restablecer el orden y la seguridad en la toda la región de Guerrero”, expresó el comisionado nacional de Seguridad durante la conferencia de prensa en la que también estuvo el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.