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La situación jurídica del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, a quien el Ministerio Público de la Federación vincula con el cártel de Guerreros Unidos y ha señalado como responsable de dar la orden de frenar el paso a los 43 normalista del municipio de Ayotzinapa, se resolverá mañana al vencer el plazo que solicitó su defensa.

El ex alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos la madrugada del 4 de noviembre, en una casa ubicada en la colonia Tenorios, de la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal, luego de estar en calidad de prófugos de la justicia por más de 30 días.

Ambos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindieron declaración ministerial por los delitos que les son imputados.

El 5 de noviembre, Abarca Velázquez ingresó alrededor de las 17:00 horas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el ex funcionario fue consignado al penal de máxima seguridad como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado.

Orden en Tamaulipas, caso aparte. La puesta a disposición de un juez federal se realizó en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de octubre pasado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros.

El Ministerio Público Federal explicó que esta consignación es independiente a las investigaciones que la autoridad ministerial realiza en contra de Abarca por el caso de Ayotzinapa, pues el expediente relacionado con los normalistas sigue integrándose.

Abarca enfrenta acusaciones por el secuestro de Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Bandera Román y Jimmy Castrejón, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, integrantes de la Unidad Popular del estado de Guerrero; así como por el homicidio de uno de los dirigentes.

La esposa del ex alcalde, Pineda Villa, está bajo arraigo por 40 días, y es investigada por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.