El ejercicio de la política, lo sabemos, representa la actividad discrecional por antonomasia. La libertad de acción de la política se encuentra en el extremo contrario del sometimiento al que constriñe el derecho a través de las normas jurídicas. Sin embargo, cuando la política se produce en un entorno institucional inexorablemente debe someterse a reglas específicas que al mismo tiempo confieren racionalidad y transparencia y, por consiguiente, permiten el control y la rendición de cuentas.

Es recurrente que la Auditoría Superior de la Federación subraye el ejercicio opaco y altamente discrecional del presupuesto asignado a las Cámaras del Congreso de la Unión. Constantemente los medios de comunicación dan cuenta de la libertad con la que cada grupo parlamentario maneja los recursos. El dinero puede utilizarse, en el extremo, para adquirir un inmueble o golosinas, sin que existan lineamientos que permitan dar un seguimiento puntual al origen y destino de recursos, y a los objetivos alcanzados con su erogación.

Así, se ha enraizado la costumbre de que previo al inicio de cada periodo de sesiones los grupos parlamentarios van a un destino turístico para definir las prioridades de su agenda legislativa. No conozco ninguna otra institución del Estado cuyos funcionarios definan su plan o programa de trabajo en una playa, una zona de montaña o una ciudad colonial con cargo al erario público. Es algo atípico que por lo que se observa, es exclusivo del Legislativo.

Como cualquier otra institución del Estado, el Congreso de la Unión debe ser consecuente con exigencias de austeridad y de uso eficiente y racional de recursos. Recordemos que es una instancia que tiene su razón de ser en su capacidad para ser un espejo fiel del entorno social y, en ese sentido, debe mostrar una especial sensibilidad frente a una realidad que de forma grotesca nos reitera que, pese a la inmensidad de los recursos, somos una sociedad desigual que tiene a la mitad de su población en condiciones de pobreza.

En este sentido, constituye un imperativo que el Congreso trasparente los recursos dedicados a este tipo de actividades, pero sobre todo que justifique su necesidad y que ponga a consideración evidencia puntual de los resultados obtenidos a la conclusión de estas cumbres y, enseguida, que informe las políticas, leyes o proyectos materializados al finalizar cada periodo de sesiones.

La reforma política que está en proceso de perfeccionamiento ha sembrado la semilla de la reelección. Los legisladores deben interiorizar que a partir de ahora el poder de ratificación de sus mandatos pasará a las manos de los ciudadanos y que este tipo de cumbres parlamentarias necesitarán de una mayor y más escrupulosa justificación, porque más que ser concebidos por la sociedad como auténticos ejercicios de trabajo parlamentario, se advierten como simples actividades de dispendio que no producen ningún resultado significativo.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM