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El Congreso de la Unión tiene al menos 13 iniciativas pendientes por dictaminar para atender el problema del acoso escolar, bullying o violencia en las escuelas, entre las que destaca una que propone confinar hasta cinco años en el tutelar para menores a quien incurra en homicidio.

Se trata de iniciativas que PRI, PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados y en el Senado han presentado desde 2012 para modificar diversos ordenamientos como las leyes General de Educación, General de Salud, y para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

De acuerdo con las estadísticas, el PRI y el PAN en ambas Cámaras han presentado cinco iniciativas cada uno; mientras que el PRD dos que se encuentran en comisiones de el Senado, y MC una iniciativa más que está en la espera de dictaminación en San Lázaro.

Imponer penas de uno a cinco años de confinamiento en el Consejo Tutelar para Menores al niño que cometa homicidio de otro pequeño, en actos de bullying y que sus padres paguen los gastos funerarios de la víctima, propone el diputado Alejandro Montano (PRI).

El legislador plantea una adición al artículo 3 de la Constitución, que obliga al Estado a vigilar en todo momento el derecho de los niños a estar seguros en las escuelas, “libres de acoso y violencia” y en ese sentido modifica las leyes General de Educación y para el Tratamiento de Menores Infractores.

En entrevista, Montano Guzmán dijo que los padres de familia y tutores de menores deben responsabilizarse de los daños que puedan ejercer sus hijas e hijos y asumir las sanciones que dicten las autoridades escolares por acoso y violencia escolar.

El legislador propondrá que los padres del menor infractor cubran de manera total los gastos médicos y sicológicos que se generen por la atención a la víctima.

A fin de frenar la ola de violencia en las escuelas, Montano Guzmán dijo que propondrá que la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores imponga de uno a cinco años de confinamiento a los niños que hayan incurrido en bullying contra otro niño y que éste fallezca.

En diciembre de 2012, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, propuso crear la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar para prevenir y erradicar la problemática, a través de acciones que hagan más sencillo identificar, denunciar, sancionar y dar seguimiento a situación de acoso o intimidación.

Ese mismo año, el senador del PRD, Mario Delgado, ex secretario de Educación en el gobierno del DF, presentó una iniciativa de ley general para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar.

En la pasada reforma educativa, el Congreso de la Unión contempló el problema del acoso escolar y en la Ley General de Educación estableció que las instituciones de educación deben generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia.

Ello, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Además, tienen que desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros.

En marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que de acuerdo a estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional con más casos de bullying en secundaria.

La investigación señala que 40.24%, de estudiantes de sexto de primaria declararon haber sido víctimas de robo; 25.35% insultados o amenazados; 16.72% golpeados y 44.47% haber atravesado por algún episodio de violencia.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, dijo que la legislación existente acerca soluciones al tema de la violencia, pero reconoció que no se está aplicando.