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El gobierno de México está obligado a dar un viraje al manejo de su política exterior ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, para revertir el impacto que la noticia ha generado en la imagen del país en otras latitudes, la diplomacia mexicana debe enfrentar el desafío de explicar en otras naciones y ante organismos internacionales lo que está ocurriendo.

Esta es la conclusión del ex canciller Jorge Castañeda y del embajador Enrique Berruga, quien fuera subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representante de México ante la ONU, quienes analizan para EL UNIVERSAL las implicaciones del caso Iguala en materia diplomática.

De hecho, los embajadores de otros países acreditados en México han recibido información en reuniones con representantes de la SRE sobre lo acontecido, pero el reto de la diplomacia es mayor, de acuerdo con los ex funcionarios de la Cancillería.

Algunos piensan que nada podía ser peor que los 72 migrantes hallados en una fosa en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, pero vino Iguala.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que rectificar el enfoque que adoptó desde hace dos años, ella creyó que podía reposicionar a México en el ámbito internacional exclusivamente con la promoción de las reformas estructurales de Peña Nieto, y con sonrisitas y besitos a [Nicolás] Maduro y a Raúl [Castro].

“Podría parecer durante un tiempo que fue un acierto, que había reformas y mejoramiento de imagen y que no había necesidad de decir nada más”, señala el ex canciller Castañeda.

El embajador Berruga identifica que más allá de transparentar las investigaciones, se debe informar a los países la estrategia que el gobierno seguirá en este caso. Identifica al menos tres vías de atención: reuniones en México con diplomáticos; en las embajadas mexicanas en el exterior encuentros para socializar la información entre académicos, prensa, empresarios, gobiernos y a la vez seguir promoviendo a México como un país para la inversión.

Asimismo, una actividad constante ante organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos, o la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, pero también ante organizaciones no gubernamentales que defienden las garantías individuales.

“Lo más seguro es que las embajadas de cada país estén buscando su propia información y midiendo el nivel de riesgo y lo que manden ellos a sus países de origen puede traducirse en avisos de no viajar a estos lugares de México”, indica Berruga.