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La decisión de un juez local de Nuevo León mantiene en prisión desde hace más de cinco meses a los dueños del casino Fortuna, de Monterrey, acusados de despojo agravado por “apoderarse” presuntamente de su propia empresa. El juzgador rechazó admitir todas las pruebas aportadas por la defensa, y sostuvo al dictar la formal prisión en agosto de 2013 que el tema de la propiedad del lugar y la compañía era asunto de otro litigio y no tenía relevancia en este proceso.

El caso ya lo investiga la Procuraduría General de la República (PGR) en la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEAIARV/012/2013, ante los indicios de que los empresarios afectados fueron víctimas de una maquinación del crimen organizado para despojarlos del casino, en la que estaría implicado el juez Luis Armando Jerezano Treviño, a quien la DEA le sigue la pista por lavado de dinero, y que fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por posibles fallos irregulares en favor de casineros y anomalías en su patrimonio.

Mientras se indaga a esta red que al parecer cuenta con el apoyo de autoridades de Nuevo León, según reveló el testigo Érick Garza Treviño, que declaró en diciembre de 2013 ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y confirmó que uno de los dueños del casino fue secuestrado para obligarlo a entregar sus acciones por órdenes del juez Jerezano, los agraviados están en la cárcel y sometidos a juicio.

Los hermanos Arturo Ignacio y Pedro Cardona Calderón, así como su socio Jesús Andrés González González, dueños de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A de C.V. (Rehade), son procesados por el delito de despojo de bienes inmuebles agravado, y como única evidencia en su contra el juez a cargo del caso consideró las declaraciones de al menos cinco testigos, todos presuntos integrantes de la red que urdió apoderarse del casino, según el testigo de PGR.

Raymundo Martínez González, juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, al dictar la formal prisión contra los empresarios el 14 de agosto de 2013, rechazó tomar en cuenta irregularidades en la averiguación previa, no admitió un peritaje que determinó la falsedad de la firma de uno de los accionistas en el acta en la que presuntamente se vendió la empresa a la parte acusadora y determinó que, sin importar si la propiedad del casino estaba en duda, el delito cometido era evidente.

EL UNIVERSAL cuenta con una copia del fallo del juez Martínez González, en la que el servidor público desestimó incluso las resoluciones de juicios de amparo interpuestos contra la legalidad del acta del 14 de mayo de 2012 en la que los hermanos Cardona “firmaron” la cesión de sus acciones a Cuauhtémoc Antonio Ramírez Vogel y Antonio Orlando Balderas Martínez.

Respecto a las dudas sobre la legalidad del acta en la que los denunciantes sustentaron la propiedad del casino, el juez consideró que a pesar de los amparos existentes, “si bien está en disputa legal el acta de la asamblea de accionistas del 14 de mayo de 2012, dichas documentales evidencian que existe una disputa a la validez de dicha acta”. Decidió que sin importar si los acusados eran o no los legítimos dueños debían ser encarcelados y enjuiciados.