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El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados alista la presentación de una iniciativa de ley para “borrar” o “delimitar” las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la aprobación de las consultas populares.

En entrevista, el coordinador del PAN en San Lázaro, José Isabel Trejo, adelantó que el espíritu del documento, que presentarán luego de la aprobación del Presupuesto 2015, será para que las consultas populares ya no pasen por la Corte y ahora sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien avale estos ejercicios ciudadanos.

Sin embargo, después de analizar distintos mecanismos internacionales, el PAN también contempla la posibilidad de que ya que esté convocada la consulta y esté definida la pregunta, si algún ciudadano no está de acuerdo con ella, puede presentar un recurso ante la Corte para que el máximo órgano judicial del país determine si es constitucional o no.

El lunes, la Suprema Corte de Justicia terminó de analizar las cuatro propuestas de consulta popular del PAN, sobre salario mínimo; PRD y Morena, para revertir la reforma energética y PRI, para reducir legisladores plurinominales, y rechazó todas.

Al respecto, senadores y diputados consultados coincidieron en que hay que modificar la Ley de Consulta Popular, para hacerla aplicable.

Derecho comparado

El diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, uno de los autores de la iniciativa, dijo que están haciendo un análisis a nivel internacional sobre el tema; sobre el control constitucional de esta figura han encontrado que se da después de la convocatoria de la consulta y no antes, lo que ven como una de las fallas de este mecanismo.

“Las opciones que estamos viendo para esta iniciativa que presentaremos en los próximos días es que el control de constitucionalidad se haga después, es decir, que primero se convoque a la consulta y ya la Corte se pronuncie al respecto o prescindir de la Corte”, comentó Doval.

Agregó que el INE se encargaría del fraseo de la pregunta, para que no sesgue, ni induzca, es decir, que sea equilibrada. La recabación de las firmas de apoyo se haría después del fraseo de la pregunta del INE.

En el proceso pasado ocurrió al revés, es decir, primero se juntaron las firmas ciudadanas, y después se definió llevarla a cabo. Esto genera un gasto de aproximadamente 30 millones de pesos.