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La Secretaría de Educación Pública (SEP) establecerá un programa de becas educativas en favor de las víctimas o familiares por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre.

Dicho programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destaca que es resultado del acuerdo emitido entre el gobierno federal y los padres de familia de los jóvenes normalistas desaparecidos.

El objetivo del programa es otorgar becas de estudio a las víctimas o familiares para que cursen su educación básica, media superior y superior en instituciones públicas del sistema educativo nacional.

“Se establece un programa de becas educativas que tendrá por objeto otorgar apoyos de estudio a las víctimas o familiares que estén a su cargo y tengan una relación inmediata con éstas, por los acontecimientos del pasado 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, para que cursen su educación básica, media superior y superior en instituciones públicas del sistema educativo nacional”, destaca.

Por lo que la dependencia a cargo de Emilio Chuayffet Chemor instruyó a los subsecretarios de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como al Oficial Mayor, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para el otorgamiento de las becas a que refiere el acuerdo.

El própósito es “asegurar los derechos de acceso y permanencia de las víctimas o sus familiares de dichos acontecimientos en el sistema educativo nacional”, señala.

La SEP resalta que derivado de los acontecimientos en el municipio de Iguala, los cuales han dañado a un grupo de familias y han indignado y consternado a la sociedad en general, fue que se llevó a cabo dicho acuerdo educativo.

Asimismo, de acuerdo con la Ley General de Educación, las autoridades en este rubro tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

“Dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”, congruente con el artículo 51 de la Ley General de Víctimas, que prevé esta asistencia.