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El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa un plan integral de atención para la “dignificación de víctimas directas e indirectas” que plantea compensaciones en efectivo para los heridos y para los padres o viudas de los fallecidos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el documento se redactó derivado de las reuniones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contempla la indemnización con base en protocolos internacionales, la entrega de becas, acceso a programas sociales especiales y la atención médica necesaria por los hechos violentos registrados el pasado 26 de septiembre.

En su redacción participó la Procuraduría General de la República (PGR) y se hizo también para integrar todas las propuestas, ya que los padres de familia denunciaron ante el presidente Enrique Peña Nieto que inclusive el gobierno estatal ya les había ofrecido indemnizaciones.

Hasta ahora, el plan fue entregado a los representantes de las familias —como dicta la recomendación de la CIDH— y se espera una “contrapropuesta” en las próximas semanas.

Este acuerdo, recalcaron las autoridades, es parte de los derechos que tienen de acuerdo a la Ley General de Víctimas, publicada en 2013.

Las compensaciones para Ayotzinapa serán similares a las de otros casos donde se encontraron violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, como la detención de las indígenas Inés y Valentina, torturadas y violadas por el Ejército o de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, indígenas que confesaron bajo tortura la portación ilegal de armas.

El monto para los familiares de los fallecidos, como el caso de Julio César Mondragón, que fue desollado y expuesto en una calle de Iguala, podría ser de casi un millón de pesos, pero se determinará conforme a las negociaciones con los padres de los normalistas de Ayotzinapa si aceptan el plan propuesto.

La atención integral contempla no sólo apoyos inmediatos, sino atención médica, sicológica y becas para los hijos de los fallecidos, inclusive, la cobertura de gastos legales.

Según se detalla, la presentación del documento fue uno de los compromisos acordados en la reunión del pasado 29 de octubre con el presidente Peña Nieto y los padres de los estudiantes normalistas.

El punto ocho apunta que “el gobierno de la República se compromete a continuar con la prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el total restablecimiento de las personas lesionadas, en especial, los estudiantes Édgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano”.

Las autoridades esperan que se terminen las investigaciones, porque “serán respetuosos con los padres, porque los normalistas aún se consideran como desaparecidos”.

Si se acepta el plan de víctimas como lo plantea la Segob, sería el pago más rápido que hiciera el Estado.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que encabeza Jaime Rochín, mantiene contacto con los familiares para apoyarlos.