La iniciativa del Ejecutivo para crear un sistema de pensión universal y de un seguro de desempleo es insuficiente. No hay universalidad en la pensión, ni el seguro de desempleo puede ser llamado de tal manera. Las implicaciones son variadas, pero una a resaltar es la oportunidad pospuesta para la creación de un sistema de protección universal, que como se ha planteado desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se convertiría en una plataforma de igualdad de oportunidades que facilitaría la movilidad social, para así contar con una sociedad más cohesionada, donde prevalezca la justicia y en la que se alcance el potencial máximo de desarrollo.

La movilidad social en México es baja. Es decir, las opciones de intercambiar posiciones en la estructura socioeconómica también lo son, y por lo tanto, el status quo persiste. Lo anterior se traduce en que los mexicanos más pobres (y más ricos) tienen opciones relativas bajas de ubicarse en una posición distinta a la que ocupaban una generación antes. Esto, además de común, podría parecer normal. Sin embargo, si se parte de que el talento en una sociedad se distribuye de manera aleatoria, en un contexto de igualdad de oportunidades las opciones de movilidad social deberían ser mayores.

Tres dimensiones del desarrollo son las que se identifican como principales causas de la baja movilidad social en México: educación, trabajo y protección social. En el caso de esta última, el simple hecho de provenir de los hogares relativamente más ricos hace que las personas cuenten en mayor proporción con seguro médico por parte del trabajo. En resumen, independientemente del logro socioeconómico de las personas, su origen social determina, en buena medida, el acceso a seguridad social. De lo anterior se puede derivar que un sistema de protección social universal coadyuvaría a asegurar un piso mínimo de bienestar que aminore el efecto de los choques que una familia enfrenta a lo largo del tiempo.

En cuanto a la pensión, un esquema de piso mínimo de bienestar no debe trastocar otros factores. Dos necesidades deben ser cubiertas: asegurar fiscalmente la sostenibilidad del sistema y evitar distorsiones en el mercado laboral. Condicionar el beneficio a no ser un adulto mayor pensionado, además de convertir al sistema en uno de pensión no universal, implica incumplir con la segunda de ellas. Es decir, los beneficiarios del nuevo sistema contarán con un beneficio que no obtendrán aquéllos que han cotizado en el mercado formal.

En cuanto al seguro de desempleo, como lo menciona Gerardo Esquivel en EL UNIVERSAL (http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/03/69216.php), la iniciativa propone un esquema de autofinanciamiento de la condición de desempleo a cargo principalmente de la subcuenta de vivienda de los trabajadores. En el marco de la discusión ahí planteada, entre otras cosas, se hace referencia al impacto potencial negativo sobre la demanda en el sector inmobiliario. A lo anterior agregaría que el esquema propuesto también limita uno de los pocos instrumentos de ahorro con los que cuenta un trabajador formal promedio en México, la adquisición de un inmueble.

La pregunta que surge es cómo financiar una pensión universal y un seguro de desempleo que efectivamente sí lo sea. La respuesta es simple, pero contraria a lo planteado en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria: hay que profundizar en la reforma hacendaria y hacerla integral. Se requiere un incremento de la base gravable, hacer más equitativa la carga fiscal, así como mejorar la eficiencia y distribución del gasto público para promover el crecimiento económico y la redistribución del ingreso.

Director del Programa de Movilidad Social del CEEY
Twitter: @robertovelezg