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El juez federal Guillermo Amaro Correa rechazó haber emitido algún fallo en el que favoreciera a los dueños de casinos y centros de apuestas en el norte del país, y dijo que sólo ha tenido dos casos relacionados en los que resolvió en contra de los empresarios.

Así lo indicó el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, cargo que ocupa desde 2009, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que su nombre forma parte de una lista de siete servidores públicos del Poder Judicial —entre ellos cuatro jueces de Distrito—, que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por las resoluciones que han emitido relacionadas con casinos.

De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XXXI/265/2011 que se reactivó en enero de 2013, por delitos contra la administración de justicia, los presuntos responsables emitieron determinaciones ilegales que permitieron que “los centros de apuestas incumplan con los requisitos legales que deben observar para su funcionamiento, en consecuencia, han propiciado la proliferación de centros de apuestas en el estado de Nuevo León”.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que conduce la indagatoria, revisa la actuación de los cuatro jueces y tres secretarios de acuerdo para determinar si procede la acción legal en su contra.

En la información obtenida por esta casa editorial, entre los servidores públicos bajo investigación y probables indiciados está el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila.

Al respecto, el juzgador indicó que desde 2009 “estoy al cargo de dicho órgano jurisdiccional”, y desde ese año y hasta la fecha “sólo se han conocido en este juzgado dos casos relacionados con casinos en los cuales se negó la suspensión y por tanto los quejosos se desistieron”, por lo que rechazó haber emitido alguna resolución que favoreciera en algún momento a casineros.

Indicó que desconoce las razones por las que es investigado por la PGR, e indicó que hasta el momento no ha sido llamado a declarar por el MP de la Federación en torno a este expediente penal.

Autoridades federales indicaron que este juzgador así como Rogelio Cepeda Treviño y Juan Miguel García Malo, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado Segundo de Distrito en Saltillo, Coahuila, quienes también son investigados por la PGR, no son indagados por el Consejo de la Judicatura Federal.

El resto de los implicados en esta averiguación previa son los jueces Luis Armando Jerezano y Ricardo Hiram Barbosa Alanís, así como los secretarios de acuerdo de Barbosa: Héctor Fernando Monterrubio y Alejandro Tovar Álvarez.