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EL UNIVERSAL aplicó una encuesta telefónica en el estado de Guerrero entre el 15 y 17 de noviembre, según la cual los habitantes de Guerrero no creen que el gobernador interino de su entidad, Rogelio Ortega (75%), ni el presidente Enrique Peña Nieto (79%) tienen el control de las cosas.

Como sucede a nivel nacional, los guerrerenses tampoco creen en la versión del gobierno federal sobre la desaparición de estudiantes ocurrida en Iguala. El 74% rechaza la versión frente al 18% que sí la acepta. Tampoco se confía en otras instituciones del país. Destaca que 90% no confía en la policía municipal; 85% no confía en los jueces; 79% en la Policía Federal o el gobernador; 80% desconfía de la PGR; 78% del sistema de justicia en su conjunto; 75% del Presidente de la República, y 61% del Ejército.

El 86% de los guerrerenses perciben que el gobierno federal no reaccionó a tiempo ante la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala y que la respuesta del gobierno estatal, entonces en manos de Ángel Aguirre, tampoco se dio en tiempo (85%).

Respecto al ex gobernador Ángel Aguirre, 60% de los guerrerenses con línea telefónica consideran que sabía de los vínculos del presidente municipal de Iguala con el crimen organizado, frente al reducido 20% que afirma que no sabía. El 53% considera que el exgobernador permitió la fuga de José Luis Abarca y 55% opina que se está protegiendo al ex mandatario estatal.

Los guerrerenses también sostienen que la dirección del PRD sabía de los vínculos del presidente municipal de Iguala con el crimen organizado (60%), lo cual podría reflejarse en los resultados electorales del año que viene. El 63% contestó que no votaría por un candidato del PRD frente al 14% que sí lo haría.

En torno a las marchas y otras protestas surgidas tras las desapariciones, 56% desaprueba la actuación del gobierno estatal. El 66% afirma que las protestas le han afectado económicamente y 53% dice haber sido afectado directamente por alguna protesta.

Por último, casi 40% considera que hay otros presidentes municipales de la entidad vinculados con el crimen organizado. El 44% prefirió no contestar a esta pregunta.