Un día después de que el gobierno de Texas hiciera público el despliegue de la Guardia Nacional en su frontera con México, el presidente Enrique Peña Nieto señaló en una entrevista que esta acción no sólo era desagradable sino condenable. Esta actitud, sostuvo el Presidente mexicano, “es completamente reprobable y tampoco resuelve un problema al que tenemos que hacerle frente de manera conjunta”.

El gobernador Rick Perry contestó con otra declaración: No habría marcha atrás en el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza, en tanto que su oficina de prensa, en respuesta a un requerimiento de EL UNIVERSAL, afirmó que seguirán trabajando con el gobierno de México en el tema migratorio, pero agregó que sus “fronteras no deben estar abiertas ni vulnerables a la explotación de criminales despiadados”.

El vicegobernador de Texas, David Dewhurst, fue más allá y afirmó que le parecía ofensivo que, en el marco del aniversario número 13 del atentado más trágico a su patria, el del 11 de septiembre de 2001, México hubiera llamado a Texas a abrir sus fronteras a la migración ilegal, al tráfico de drogas y de humanos y potencialmente a terroristas que desean dañar a Estados Unidos. Casi sobra señalar que ni el presidente Peña ni la Secretaría de Relaciones Exteriores habían hecho tal llamado.

La declaración texana, con un fuerte trasfondo electoral ante las elecciones para gobernador de noviembre próximo, esquivaba el núcleo de la cuestión y pretendía llevar el intercambio de puntos de vista a terrenos ajenos al debate. Es el riesgo que el gobierno mexicano ha corrido en las pocas ocasiones en que ha hecho ver sus diferencias con el estadounidense respecto de la migración.

Los republicanos suelen dar respuesta a una posición diplomática sustrayendo el tema de su cauce para trasladarlo a uno de sus tópicos favoritos: la confusión intencionada entre la migración indocumentada y el tráfico de drogas e incluso el terrorismo. Existe un riesgo, sí, pero hay mayor riesgo en el silencio. México no puede permanecer indiferente a las acciones que tensan el ambiente en la frontera y la convierten en una especie de zona de guerra, ajena a la relación entre dos países amigos y socios comerciales.

Hechos recientes, como el crecimiento de los flujos de niños migrantes centroamericanos que viajan solos, han motivado un acercamiento entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica y, aunque de manera incipiente, han hecho posible la mejoría del diálogo en torno de uno de los asuntos más sensibles en la relación bilateral.

Pero el gobernador Perry piensa en función de su propia agenda: como tiene la experiencia de que cuando habla o actúa de manera moderada bajan sus bonos entre sus correligionarios, en esta ocasión pretende mostrarse duro. En víspera de lanzar su candidatura por los republicanos a la presidencia de su país, Perry quiere mostrar lo que haría en caso de llegar a la primera magistratura de Estados Unidos. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera tiene ese propósito. Quiere respaldo y quiere adeptos. Política electoral, ni más ni menos.

Pero su decisión no sólo afecta a su estado, sino a la frontera, a los dos gobiernos vecinos y, evidentemente, a los migrantes. Y no hablamos de su eventual detención en el cruce fronterizo, sino del peligro que representa internarse en una zona militarizada. Ya bastante tienen con la convivencia entre la Patrulla Fronteriza y los grupos de civiles que se han erigido en vigilantes de la frontera (lo que, por cierto, ya derivó en una disputa originada por el disparo accidental que hizo un agente federal y que hirió a uno de esos voluntarios, incidente que pone en evidencia los roces entre agentes civiles y la problemática que podría desatar la proliferación de dichas organizaciones.) Ante la concentración de estos grupos en la frontera, el gobernador de Texas ha sido permisivo y no ha emprendido una acción para retirarlos del área, a pesar de lo que significa su presencia en una zona de por sí tensa y difícil.

En lugar de ello, envía a la Guardia Nacional y hace más complejo el ambiente fronterizo. Por eso asiste la razón al gobierno mexicano al destacar las consecuencias de tal decisión. De acuerdo con la Cancillería, “la medida emprendida de manera unilateral por el gobierno de Texas es indudablemente errónea y no contribuye a los esfuerzos que nuestros países llevan a cabo para construir una frontera segura y una solución al fenómeno migratorio. Tampoco abona al acercamiento de nuestras sociedades y se opone a los principios y valores sobre los que México y EU rigen su relación bilateral.”

El tema migratorio, en efecto, requiere miras más altas, un ambiente propicio para el diálogo y acuerdos de fondo y largo plazo. Hace ya muchas décadas que miles de mexicanos emigran a Estados Unidos de manera indocumentada, que ese país se beneficia de su trabajo y que al mismo tiempo los persigue. La contradicción de una política que acosa y condena, a la vez que aprovecha y capitaliza el trabajo migrante es uno de los rasgos más característicos de la forma en que se administra la migración irregular en la Unión Americana. Y a causa de esta política han muerto alrededor de 10 mil mexicanos en la franja fronteriza, se han desmembrado miles de familias y no pocos migrantes han padecido explotación laboral, de lo que también han sido responsables los gobiernos mexicanos que han optado por el silencio.

No es tiempo de silencios ni de gritos, sino de cordura. Enhorabuena que el gobierno de Enrique Peña Nieto no se haya enfrascado en una discusión más extensa con el de Rick Perry y que haya remitido el diálogo a su representación en el estado de Texas. La interlocución debe ser con el presidente Barack Obama, sus colaboradores y el Congreso estadounidense, y el tono que debe prevalecer es el de la mesura, la mira alta, los fines últimos, que pueden conducir a una nueva era en materia migratoria entre México y Estados Unidos.

* Especialista en derechos humanos