Cuatro semanas. Veintiocho días que han sido suficientes para poner de cabeza a este país y a su gobierno, a los principales partidos, al concepto del federalismo y el respeto a las soberanías y atribuciones estatales y municipales.

Cuatro semanas en que la imagen de México se ha transformado dramáticamente para mal, en que sólo se ha reforzado la perenne impresión de la ilegalidad y la impunidad como modo de vida.

Casi un mes desde que un presidente municipal y su esposa, con tal de llevar la —es decir su— fiesta en paz, echaron a perder el animo de un país entero. Al ordenar el asesinato de unos y la desaparición forzada del resto de un grupo de estudiantes, la pareja presidencial de un municipio pequeño demostró el verdadero y maligno poder que tienen las autoridades locales cuando no hay quien las supervise y las someta al imperio de la ley.

No por incierto deja de ser trágico e indignante el destino de los 43 jóvenes. Su desaparición ha movilizado a decenas de miles alrededor del mundo, y ha sido conocida, con igual indignación e incredulidad, por millones.

México ha pasado décadas tratando de librarse de la sombra de Tlatelolco, del 10 de junio, de la Guerra Sucia, de Ocozingo, de Acteal, de Aguas Blancas. Ni siquiera la crueldad de las guerras entre y contra narcotraficantes tenía la capacidad para herirnos de tal manera, porque una cosa es la brutalidad del narco y otra, muy distinta, la que puede ejercer el Estado, en cualquiera de sus vertientes, en contra de sus propios habitantes.

Es una injusticia digna de una tragedia griega el que todo un proyecto de gobierno, toda la imagen de un país, todos los logros de sus ciudadanos, de su clase política, queden opacados por un acto bárbaro, irracional e incomprensible de una autoridad municipal. Pero como en toda tragedia griega que se respete, aquí nadie es del todo inocente. Unos por acción, otros por omisión, los tres niveles de gobierno y los partidos cargan con responsabilidad.

Es por supuesto incomparable lo hecho por las presidencias municipales y las policías de Iguala y de Cocula con lo omitido por los gobiernos estatal y federal, pero las responsabilidades y los costos políticos ahí están. El costo no lo es sólo para funcionarios o legisladores, lo es para todo un país que ve azorado cómo la barbarie nunca se fue y que la mirada que recibe desde fuera ya no es la misma de hace apenas cuatro semanas.

Deseo fervientemente que aparezcan con vida los normalistas, pero no soy optimista. Deseo también que esto no sea sintomático del país en que vivimos, pero tampoco muy lo creo.

En un arrebato de un par de politiquillos de quinta han quedado exhibidas todas las debilidades institucionales de México. Cuando en una nación que se dice seria y madura puede pasar algo así, es que estamos aún muy lejos de lo que merece la enorme mayoría de quienes viven en México, gente de bien que tiene que luchar todos los días contra pequeñas y grandes muestras de ilegalidad, de cinismo, de impunidad.

Esto marca un antes y un después para el gobierno de Enrique Peña, para el Mexican Moment, para nuestra imagen en el mundo y para la que vemos diariamente en el espejo.

Todavía puede el gobierno convertir este momento de crisis en uno de oportunidad, de reflexión, de introspección, de transformación. Las grandes naciones, los grandes dirigentes, se forjan ante circunstancias como esta. Se requiere de arrojo, de liderazgo, y sobre todo de una capacidad autocrítica que vaya al fondo de las cosas y no se quede en el discurso o en la superficie.

Carpe diem, presidente Peña, que su riesgo y su oportunidad son también los de los mexicanos.

Internacionalista.
@gabrielguerrac