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En los últimos tres años la Policía Federal (PF) atendió 310 mil 691 denuncias por extorsiones telefónicas que se llevaron a cabo en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

De acuerdo con los registros de la dependencia federal, las extorsiones por teléfono se duplicaron en los últimos años, al pasar de 43 mil 356 denuncias en 2010, a 89 mil 83 en 2013.

Las cifras totales suman las “tentativas” de extorsión, es decir, las llamadas para amedrentar a la víctima, y las “consumadas”. En 2010, las últimas ascendieron a 2 mil 764, mientras que en 2013 sumaron 4 mil 1.

Los datos del gobierno federal indican que de las 310 mil 691 denuncias, en 15 mil 226 casos la victima entregó una cantidad de dinero a los extorsionadores, mientras que en 295 mil 465 casos no se pagó el monto acordado por la intervención de las autoridades o porque la víctima no cayó en el engaño de los criminales.

Durante el último año, las procuradurías y fiscalías del país reportaron un aumento en este tipo de delitos, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y el Distrito Federal.

La Policía Federal establece que la mayoría de las llamadas que se realizan para cometer este tipo de delitos se llevan a cabo desde el interior de las cárceles que administran los estados.

Los métodos que utiliza el crimen organizado para que las victimas entreguen dinero van de las llamadas en las que se simula la entrega de un premio, el secuestro de familiares o las que se simula una situación de riesgo, como fue el caso de las denuncias hechas por colombianos.

De acuerdo con autoridades de Colombia, el año pasado varios turistas de ese país fueron engañados en hoteles y zonas turísticas de México, a través de mentiras que inician desde el momento en que se hospedan las personas en el hotel.

“Una vez que el turista se registra en el hotel y deja todos sus datos personales requeridos por el personal administrativo, es trasladado a su habitación, entre tanto, uno de los empleados del hotel e integrantes de este grupo delincuencial suministra la información a sus cómplices quienes se encargan de ejercer inicialmente presión sobre la víctima”, explicó el año pasado a medios colombianos el general Humberto Guatibonza, director del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) de Colombia.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre 2006 y 2012 la extorsión —sin especificar de qué tipo— en el país creció 160%.

Según los registros, el año en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente, se dieron 3 mil 123 extorsiones, mientras que en 2013 se perpetraron 8 mil 24, dentro del universo de aquellas denunciadas.

Las cifras se traducen en 260 extorsiones en promedio por mes en 2006, contra 668 en promedio de 2012, al terminar el calderonismo e iniciar el mandato de Enrique Peña Nieto.

Organizaciones no gubernamentales advierten que al margen del secuestro, la extorsión también crece, pues al comparar el mes de enero del mismo periodo de otros años, los 650 casos de 2014 están por arriba de los de 2013, con 567 extorsiones; 2012, con 538; 2011, con 357; y 2010, con 583 extorsiones.

Recientemente, María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común, dijo que la extorsión, sobre todo en la modalidad del “cobro de derecho de piso” es tan o más dañina que un secuestro.

El “cobro de derecho de piso” es cuando un grupo delictivo le exige dinero a una persona de forma recurrente sólo por el hecho de tener un negocio o propiedad, como si se tratara de un “impuesto al crimen”.

“El cobro de derecho de piso es auténticamente un secuestro de por vida de tu negocio y de tu familia”, afirmó.

Morera señaló que platicarían con el comisionado Renato Sales para implementar medidas similares a las adoptadas para combatir el secuestro.

Ante el aumento de este tipo de delitos, el año pasado el gobierno federal reconoció que había un aumento en comparación a otros años, por lo que anunció la puesta en marcha de un programa para alertar a los habitantes sobre los diferentes engaños que realiza el crimen organizado para extorsionar a las víctimas.

En enero de este año, la Secretaría de Gobernación reconoció que es necesario implementar un plan para atacar este tipo delitos, por lo que se comprometió a disminuirlo durante el sexenio.