La crisis de seguridad en Michoacán es un fracaso completo. No es causada solo por un gobernante incompetente, o por el legado de gobiernos pasados con políticas equivocadas. Es un problema más profundo. Es muestra de la incapacidad de los tres ámbitos de gobierno por cumplir con la responsabilidad básica de los poderes públicos de garantizar la seguridad ciudadana y salvaguardar las libertades. Es reflejo también de la incapacidad de los tres partidos grandes, el PRI, el PAN y el PRD, para construir en los últimos lustros una forma de ejercer el poder que sea, a un tiempo, efectiva y democrática.

La primera dimensión de este fracaso se encuentra en nuestro arreglo federal. Éste ha sido, en materia de seguridad —como en muchas otras— una razón detrás del problema y no un puntal para resolverlo. El presidente Calderón y sus procuradores decían que la causa del desastre michoacano eran los gobiernos municipales, que se coludían con los delincuentes; los alcaldes respondían que era la Federación quien les imponía un problema ajeno, en tanto que los sucesivos gobiernos estatales han oscilado entre la negación y la solicitud de auxilio federal. Las relaciones entre los ámbitos de gobierno se han caracterizado por la falta de claridad en las responsabilidades, las deficientes capacidades institucionales para cumplir los compromisos asumidos, la imposibilidad de conocer su uso correcto de los recursos, así como por una absoluta falta de rendición de cuentas.

Y es este déficit de rendición de cuentas la segunda dimensión del fracaso. Diversos gobiernos han anunciado, desde diciembre de 2006, ambiciosos operativos, nuevas estrategias, más dinero, depuración de policías, compras de armas y patrullas y muchos funcionarios nuevos. En los siete años que han pasado, no hemos tenido una explicación de las fallas, una identificación de las oportunidades de mejora, un proceso de aprendizaje que permita preservar lo que haya funcionado y desechar lo que no, ni un ejercicio de rendición de cuentas en el que los poderes legislativos federal y estatal y los ciudadanos puedan conocer que las decisiones, las leyes y los recursos utilizados no fueron dilapidados en ocurrencias, ni fueron capturados por la corrupción o la ineptitud. Nada: cada esfuerzo es desechado y sustituido por uno nuevo, que anuncia que, ahora sí —como si el problema previo hubiera sido la falta de voluntad—, se devolverá la tranquilidad al Estado.

Y el tercer componente de la ecuación que explica el fracaso michoacano es el más preocupante: nuestra clase política no ha terminado de construir mecanismos democráticos de control. La solución autoritaria para los problemas estatales era la llamada desaparición de poderes, que el Senado podía decidir en casos de problemas serios en las entidades federativas. ¿Cuál es la solución democrática? En principio, tendría que ser la activación de contrapesos y la vigilancia legislativa. Esta solución es menos contundente, pero más eficaz: la revisión cuidadosa, desde los poderes legislativos, de las decisiones cotidianas en materia de seguridad. La legislatura michoacana ha aprobado presupuestos, ha modificado leyes, ha llamado a comparecer a funcionarios y ha revisado cuentas públicas sin ninguna incidencia real en la toma de decisiones. El Congreso federal hace llamados enérgicos y exhortos rutinarios, pero no ha revisado a cabalidad las razones del fracaso del pasado, ni ha cuestionado las decisiones recientes. El tamaño del problema es tal que ningún poder por sí mismo, y ningún ámbito de gobierno solo podrá aproximarse a una solución.

La calidad de nuestro sistema federal, la articulación del régimen de rendición de cuentas y la solidez de los controles democráticos no son adornos en el ejercicio del poder; son supuestos indispensables para el funcionamiento de cualquier estrategia de seguridad. No se construyen en dos días, ni son decisiones llamativas ni rentables electoralmente, pero son insustituibles. No hay voluntad política, policías ni dinero que remplace la capacidad del Estado de ejercer el poder democráticamente.

@GmoCejudo
Investigador del CIDE