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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalizó ayer la primera parte del análisis sobre la legalidad del rastreo de celulares, estableciendo diferencias entre la geolocalización del origen de las llamadas, que implica una técnica de investigación judicial, y el seguimiento a una persona que conlleva aspectos legales sobre privacidad.

La votación a la que lleguen los ministros del pleno de la SCJN el próximo lunes será la primera sobre el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, y hasta ayer se perfila que en tanto no se aborden las personas, sino los dispositivos móviles como medio de investigación, es correcto.

Durante la sesión los ministros abordaron la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las reformas en las que se modificó el artículo 133 al Código Federal de Procedimientos Penales, y 16 de la Ley de Telecomunicaciones con los que se permite que los ministerios públicos soliciten a las proveedoras de servicios de telefonía celular información sobre una línea involucrada en una investigación relacionada con delincuencia organizada, secuestros o narcotráfico.

Al respecto la CNDH argumenta que la localización geográfica de una persona viola el derecho a la privacidad, sus garantías de legalidad, y la seguridad jurídica al otorgar facultades discrecionales e ilimitadas a las procuradurías tanto federal como estatales en el país, ya que la petición a las operadoras se hace sin un requerimiento judicial.

La ministra Margarita Luna Ramos presentó un proyecto en el que establece la validez de los artículos señalados ya que “no resultan violatorios ni de los artículos constitucionales que se señalan, el 14 y el 16 de la Constitución”.

Se proyectó que en la continuación del análisis el próximo lunes se abordarán aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.