El 30 de abril termina el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura y la agenda sigue repleta de iniciativas dentro de ambas cámaras. La cantidad de pendientes es tal que será inevitable que muchos asuntos no puedan ser procesados, incluyendo las reglamentaciones de las reformas constitucionales en materia de competencia, energía y telecomunicaciones además de la político-electoral.

A pesar de la sobrecarga, al inicio del periodo se preveía que la aprobación de las leyes secundarias de las reformas ratificadas en 2013 sería un mero trámite, por lo menos en términos aritméticos. El PRI y sus aliados, el PVEM y el Panal, cuentan con los votos necesarios para alcanzar la mayoría simple que se necesita en la Cámara de Diputados. En el Senado, la coalición PRI-PVEM-Panal no tiene los votos suficientes para alcanzar la mayoría y necesita de cuatro senadores de la oposición. A solo cinco días de que termine el periodo aún seguimos esperando estas leyes con lo cual es pertinente preguntarse por qué no han sido aprobadas y resaltar los riesgos que implicaría ceder ante la tentación de aprobar las reglamentaciones en tan corto plazo comprometiendo su calidad.

Si bien lo relevante está en la calidad de leyes que se aprueben y no tanto en los obstáculos que se tengan que superar para obtenerlas, es importante resaltar como el proceso legislativo ha contado con comportamientos que retrasan su aprobación. En primer lugar destaca la actitud pasiva de los legisladores quienes han incumplido en los plazos que ellos mismos establecieron en los artículos transitorios de las reformas que dictaban las fechas, supuestamente límite, para contar con las reglamentaciones y han preferido aguardar a que el Ejecutivo envíe las iniciativas en lugar de trabajar y presentar iniciativas propias como estipulan las reformas.” Esto ha reducido la capacidad de que el Legislativo se presente como un contrapeso fuerte frente al Ejecutivo y a que éste último ha logrado centralizar la potestad de facto para dar luz verde a la agenda.

Aunque la necesidad de aprobar pronto las reglamentaciones de las reformas es evidente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben tener cuidado de no descuidar la calidad de las mismas por querer vencer al tiempo y ratificar la legislación rápido para aparentar una mayor eficiencia. Los legisladores no deben intercambiar la pertinencia de las leyes, sobre todo considerando la naturaleza tan sofisticada y técnica de los temas que se tienen que regular (especialmente en los temas de telecomunicaciones y energía) por buscar que se ratifiquen dichas leyes rápido y aparentar mayor “eficiencia”. Además, el proceso de discusión y aprobación deberá de ofrecer los espacios y tiempos necesarios para que las leyes sean discutidas tanto por los propios legisladores como por expertos de forma que obtengamos leyes de calidad que den viabilidad a las reformas estructurales y que verdaderamente contribuyan al desarrollo del país.

Investigadora del CIDAC