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Iguala, Gro.— “Tenemos miedo, por eso no hemos denunciado”, expresaron familiares de personas desaparecidas, secuestradas o levantadas —dijeron— por comandos armados, el Ejército o la policía municipal.

Esa es la misma historia de decenas de personas con familiares desaparecidos, que según datos extraoficiales, son más de 600 desde 2005, que no han sido investigados porque no se presentaron denuncias por temor a represalias de las autoridades o de los policías municipales.

Ayer unas 80 personas se congregaron en la Iglesia de San Gerardo de esta ciudad para realizar un banco de datos con los desaparecidos en la entidad, pero también de otros estados, conforme a la convocatoria de la organización civil Causa Forense Ciudadana de Iguala y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

La iniciativa consiste en que recabarán los datos de los desaparecidos para que después la Universidad de Durham, Inglaterra, realice 500 pruebas de ADN de manera gratuita.

Al atrio de la iglesia también acudieron peritos en genética de la Procuraduría General de la República (PGR), así como personal de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, los primeros tomaron muestras de sangre e información sobre las personas no localizadas, mientras que los segundos brindaron ayuda legal y sicológica a los familiares de las víctimas.

Julia Alonso, de Causa Forense Ciudadana de Iguala, dijo que la iniciativa nació junto con los integrantes de la UPOEG, luego de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, tras ser atacados por policías municipales que presuntamente los entregaron a un grupo criminal.

La familia Alonso también comparte del dolor de tener a un familiar desaparecido. En diciembre de 2008 su hijo Julio Alberto se fue de vacaciones a Santiago, Nuevo León. Nunca más lo ha vuelto a ver, al parecer se lo llevó un grupo de policías, comenta Julia.

“Yo anduve igual o peor que todos ellos, no sabía ni para dónde ir ni qué hacer, nos sumamos a El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero por amenazas nos tuvimos que ir a vivir a Estados Unidos”, dice la empresaria, quien ahora radica en Acapulco.

Alonso les explica a los familiares el objetivo de este banco de datos, pero aclara que son libres de decidir si acuden con los peritos en genética de la PGR y personas de Atención a Víctimas, pues este es un esfuerzo paralelo al de la sociedad civil.

En el sótano de la iglesia, padres y madres expresan su temor y dudas sobre la “ayuda” de las autoridades federales. Una de ellas señala que desde que a su esposo lo secuestraron en Iguala en septiembre de 2012, fue al MP a levantar la denuncia, pero tenía que ir cada ocho días a Chilpancingo para conocer los avances de las investigaciones y “no vi ni una respuesta”.

“Ya va para tres años del secuestro de mi marido, tenemos miedo, tengo un hijo de 18 años, temo que le pueda pasar algo, yo no quiero que investiguen, sólo saber está vivo o muerto”.