En los informes presidenciales suelen haber anuncios sorpresivos sobre alguna decisión trascendental o la puesta en práctica de alguna política pública de resonancia. No fue el caso esta vez. Bien se sabía de antemano el tono y el contenido del mensaje presidencial en torno a su segundo Informe de Gobierno; la promoción de las reformas estructurales. Los anuncios que pudieron haber sido sorpresivos fueron filtrados a la prensa que a través de trascendidos había anunciado algunas de estas medidas; la más importante, la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, pero también una modificación del programa Oportunidades, ahora Prospera, así como de otras obras públicas (Metro al Estado de México, trenes a Pachuca y Toluca).

El eje del mensaje fue, como no cabía esperar otra cosa, la promoción de las reformas estructurales, lo cual en sí mismo tiene méritos propios, por la operación política que exigió tratándose de reformas de trascendencia (para bien o para mal) y sumamente controvertidas. Pero con todo Peña Nieto reconoció, de acuerdo con el espíritu del Pacto por México, la participación de los grandes partidos de oposición, y del Congreso todo. A cada partido le corresponde parte del crédito (al PAN, la controversial reforma energética y el PRD, la repudiada reforma fiscal, y a ambos, las demás reformas que se aprobaron con amplios consensos). Aún así, el gobierno puede reclamar para sí haber ejercido la operación política adecuada para sacar adelante el ambicioso programa reformista que se había ofrecido desde la campaña presidencial de 2012.

Desde luego, el mensaje presidencial pretendió inyectar optimismo en la sociedad para los cuatro años que restan de esta administración; los resultados esperados de las reformas que se traducirán presumiblemente en mayor inversión, mayor crecimiento económico, mayor empleo y bienestar social. Pero ahí radica la parte más complicada, pues implica un adecuado aterrizaje y aplicación de las reformas aprobadas. Y eso mismo podría desvirtuarse, como mucho se ha insistido, de prevalecer la corrupción que caracteriza a este país, así como la impunidad que va de la mano de aquella. Algo habló al respecto Peña Nieto; señaló algunos avances en materia de transparencia, que no son despreciables pero a todas luces son insuficientes. Y en materia de combate a la corrupción, se exaltó el surgimiento de la nueva Fiscalía de la República a partir de la autonomía institucional que ahora tendrá. En el papel suena bien (la fiscalía para delitos electorales, como parte de esta fiscalía mayor, gozará por fin de autonomía que eventualmente permita penalizar a personal del Ejecutivo federal, lo que hasta ahora había sido imposible).

El problema radica en que la autonomía formal de las instituciones como el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el IFAI renovado, tiende a adelgazarse a través de los mecanismos de nombramiento de sus titulares, los cuales frecuentemente defienden los intereses de sus promotores y no los de la sociedad en general. Otro tanto puede ocurrir con la nueva fiscalía autónoma. Y así, en la medida en que la corrupción no sea combatida frontalmente y a fondo, como no lo ha sido, existe el riesgo de que las reformas estructurales sean ineficaces en sus objetivos o, peor aún, resulten contraproducentes a los fines que las motivaron. El combate a la corrupción es la reforma estructural más importante y urgente, y las más descuidada por todos los partidos.

Profesor del CIDE