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La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala; a su esposa María de los Ángeles Pineda, y al ex director de Seguridad Pública, Felipe Flores —todos prófugos—, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó que tras 17 días de investigación la dependencia a su cargo cuenta con una línea en la que se establece que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de Iguala, al asumir que llegaron a esa cabecera con la intención de sabotear el informe de María de los Ángeles Pineda al frente del DIF local.

“Lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial Guerreros Unidos, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa realizaban esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda”, señaló.

La PGR, refirió, tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula, también el aval de acción que dio Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, a los policías [por lo que ya está en prisión]; se cuenta con el lugar en el que los estudiantes fueron entregados a este grupo delincuencial.

Indicó que están identificados los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, y se concluyen diligencias para acreditar el de desaparición forzada por parte de funcionarios municipales.

Fugitivos clave

La PGR solicitó órdenes de aprehensión contra el ex alcalde Abarca, su esposa y el ex secretario de Seguridad Pública como autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam enfatizó que la detención de las tres personas será determinante para conocer la ubicación de los 43 estudiantes.

En tanto, a la fecha están detenidas y consignadas 52 personas, entre policías municipales, autoridades del ayuntamiento y miembros de Guerreros Unidos, y con el hallazgo de dos cadáveres más suman 30 cuerpos los encontrados en las fosas en Iguala.

“Ya se tienen identificados por lo menos tres de los integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos que recibieron a los retenidos por los policías de Cocula e Iguala, y conocemos el camino por el cual fueron internados a un paraje”, expresó.

Además, el procurador Murillo comentó que se está investigando a una persona, cuyo nombre se reservó, que fungió como intermediario financiero con Abarca desde la época de su campaña como candidato al ayuntamiento de Iguala.

Red de corrupción

Señaló que con la captura de Sidronio Casarrubias, líder deGuerreros Unidos, se conoció que la organización “había tejido una red de complicidad en varias alcaldías y sobre todo con personal de seguridad municipal; en el caso concreto de Iguala, esta complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local”, dijo.

Este grupo recibía “del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular mensual, bimensual, semanal, y cuando menos 600 mil eran destinados al control de la policía local”.

En sus declaraciones el cabecilla “señaló a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, en complicidad con su esposo y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez”, informó.

Se confirmó que la mujer es pariente, en grado directo, de dos operadores financieros de Los Beltrán Leyva.

Desaparecen

Las pesquisas indican que el 26 de septiembre pasado los estudiantes arribaron a Iguala alrededor de las 21:00 horas.

La PGR determinó que informantes de Guerreros Unidos, también conocidos como halcones, y elementos de la Policía de Iguala reportaron al “Centro de Control” municipal el arribo de los estudiantes de Ayotzinapa, así como de otras personas.

Los detenidos afirmaron en sus declaraciones que pensaban que “podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula”, detalló el procurador.

“La orden de enfrentar a las personas les llega por radio desde la Central y se les dice que viene de parte de A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala. Entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes. En ese primer incidente, un policía municipal priva de la vida, con arma de fuego, a uno de los estudiantes”.

Como resultado, un grupo de estudiantes y otros sujetos se fugan del lugar por lo que la policía de Iguala empieza el rastreo de la unidad, en la confusión detienen y disparan al autobús que transportaba al equipo de futbol Avispones de Chilpancingo; al darse cuenta de ello los liberan y minutos después detienen el camión que se había escapado, manifestó.

El procurador Murillo agregó que el grupo de personas detenidas, en el que se presume estaban algunos estudiantes, fueron ingresados a la Central de Policía de Iguala, donde fueron entregados al subjefe de la policía de Cocula, César Nava, quien también trabajaba para Guerreros Unidos.

“Son subidos a una camioneta de redilas blanca y toman un camino de terracería que los lleva a la zona de Pueblo Viejo; en esta coyuntura, Casarrubias, líder del grupo criminal, es contactado por su lugarteniente conocido como 'El Gil'; este último reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala atribuyéndolos al grupo delictivo contrario de Los Rojos. Ante ello, el cabecilla avala las acciones “para defender su territorio de influencia en Iguala”, destacó el procurador.

En el patio de la casa de 'El Gil', el 9 de octubre se encontró una camioneta de redilas blancas, que presuntamente se utilizó para el traslado de los estudiantes desaparecidos.