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Uno de los aspectos que más asombra de México es que posee niveles de corrupción privada y pública internacionalmente conocidos, como resultado de la carencia de controles preventivos, de la falta de definición de tipos penales por lo cual no se castiga el conflicto de intereses ni el tráfico de influencias, y no existen programas para la protección de testigos y denunciantes, señaló Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia.

“En México cualquier funcionario, sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de su discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar cualquier conducta socialmente dañina. En la medida en que tengan un padrino político existen pocos canales para que esa persona sea castigada”, expresó.

Buscaglia refirió que no existen controles preventivos para disminuir la frecuencia de sobornos en México, tampoco se han definido de manera adecuada los tipos penales, por lo cual no se castigan los conflictos de intereses o tráfico de influencias considerados como los dos tipos de corrupción a alto nivel político que son más frecuentes.

“A esto le sumas la ausencia total y absoluta de programas para la protección de los que son testigos o denunciantes de esa corrupción, sin los cuales será imposible procesar a los responsables de enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, peculado, malversación de fondos, desviación de fondos, extorsiones”, explicó.

Si una institución, comentó, protege a los acusados y acosa a los denunciantes, si no entrega al tribunal o dependencia competente toda la documentación necesaria para sustentar la denuncia, “entonces ya no es un caso aislado de empleados posiblemente corruptos, el problema es la institución”.

Por lo que respecta al sector privado, agregó, los denunciantes son necesarios para procesar fraude, lavado de dinero, sobornos al sector público, prevaricación, nepotismo, “los cuales se ligan a la corrupción pública, porque, según mi experiencia práctica, nunca existe corrupción pública sin corrupción privada, ambas se retroalimentan”.

México, destacó Buscaglia, cuenta con pobres controles administrativos a los que se debería someter a los miembros que forman la élite política en todo el país, y se debe considerar que esos controles dependen en gran parte de la existencia de controles patrimoniales.

“La corrupción son diversos delitos en los que un funcionario público puede incurrir para obtener un fin o fines de corte personal y eso implica atentar contra el interés público para el que trabaja”, agregó el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana.