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Los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados aprovecharon las preguntas legislativas con motivo del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para cuestionarlo por la tardanza y la omisión de la Federación en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ayer, el pleno de San Lázaro avaló el envío de 42 preguntas al Ejecutivo y entre ellas, lo cuestionan también por el asesinato extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Edomex.

El PAN cuestiona: “¿Por qué el gobierno tardó más de nueve días en intervenir en la investigación de los hechos de Ayotzinapa y de quién dependió esa decisión? ¿Qué acciones implementó para combatir la inseguridad pública, para combatir a los grupos delincuenciales, en qué manera procuró la gobernabilidad en Guerrero?”.

Los panistas también preguntaron por las necesidades que tiene el Estado mexicano para dar solución a problemáticas como Ayotzinapa, y que involucran a los gobiernos federal, estatal y municipal. Y cuestiona: “¿Qué ajustes tiene planeado hacer a su estrategia de seguridad pública, y en su caso, a su Programa Nacional de Derechos Humanos?”.

Izquierda se suma

El PRD preguntó por qué en las investigaciones no se han llevado a cabo los protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada y quién es el responsable directo de esta omisión. “¿Cuáles eran las funciones que desempeñaba la 27 Zona Militar en el municipio de Iguala, tanto dentro de las funciones de coordinación del operativo en general, como dentro de las funciones propias de la institución armada?”.

Movimiento Ciudadano también hizo preguntas: “¿Qué medidas implementará el gobierno Federal para que dejen de suceder acontecimientos como Ayotzinapa y Tlatlaya?”, refirió al Presidente.

Otros temas

El PRD cuestionó además sobre la posición oficial en el debate de los salarios; el PRI preguntó al Ejecutivo en qué consiste el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y por qué se dice que será un proyecto de beneficio nacional.

Otras preguntas fueron sobre el Programa Prospera, subejercicios, endeudamiento y baja en el petróleo; el Ejecutivo tiene que responder en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.