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La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, integrada por 19 sacerdotes, pidió justicia para esclarecer la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron vistos con vida por última vez el pasado 26 de septiembre.

En tanto, la Arquidiócesis Primada de México fustigó que el estado de Guerrero es otro “foco encendido” que las autoridades de la Federación, no quisieron ver, “es el reflejo del peligro latente de vivir en un país con graves problemas internos de gobernabilidad, seguridad, corrupción y miedo en distintas regiones, donde nadie puede decirse estar a salvo, ni siquiera los hombres promotores de la paz y justicia”, como la tortura y asesinato del padre José Ascensión Acuña Osorio, de la diócesis de Ciudad Altamirano, cuyo caso “hace que se empiece a considerar este sexenio como uno de los más riesgosos para ejercer el ministerio sacerdotal”, de acuerdo con el semanario católico Desde la Fe, cuyo editorial fue titulado “El país de las matanzas”.

Sacerdotes se unen. En el estado de Guerrero, a nombre de 19 padres que integran el Decanato de San David, Ignacio Morales, padre de la iglesia de San Francisco de Asís, exigió el esclarecimiento de los hechos y que se castigue a los responsables de la muerte y desaparición de los normalistas, así como la agresión a los integrantes de un equipo de futbol.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido, porque se rompió la armonía y la paz. Porque se han cortado vidas humanas y han quedado personas heridas en su cuerpo y sentimientos. Más aún porque 43 jóvenes estudiantes no aparecen, y muchas familias están dañadas por el dolor”. dijo el representante del clero.

Además pidió a los integrantes del crimen organizando que cesen en su violencia. “No queremos terminar sin hacer un llamamiento a quienes practican la violencia. Les pedimos que abandonen los medios violentos para lograr sus metas. Nunca será justificable la muerte ni los ataques a inocentes”, indicó el padre.

Mientras que en el semanario Desde la Fe el clero advierte que la progresiva descomposición de Guerrero, indica la condición fallida que las autoridades negaron en reconocer.

Recordó que en junio de 2013 los obispos de la Provincia de Acapulco denunciaron las diversas clases de violencia “desde la que se mantiene oculta en las familias hasta las más visibles y crueles como la generada por el crimen organizado”.

También expuso que en diciembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “reveló la bomba de tiempo, el rezago social y la pobreza del botín llamado Guerrero, abandonado a su suerte, víctima de políticos y de criminales”.