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José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que la efectividad del gobierno para abordar la crisis de derechos humanos por la que atraviesa se puede medir sólo mediante resultados y no con compromisos y planes que ya estaban en curso.

Declaró que las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto deberían haberse puesto en práctica desde tiempo atrás para tener resultados.

Insistió en que ya existen protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que evidentemente han fracasado “y entonces pareciera ser que el gobierno no hace más que reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio”.

Señaló que lo mismo sucede con la propuesta acerca del compromiso de revisar la definición del delito de desaparición forzada en distintas normas penales, la cual, consideró, debió haberse realizado.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció el jueves en Palacio Nacional un paquete de diez acciones en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia en el país.

Entre ellas se encuentra un mecanismo para que la federación asuma el control los municipios o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios de que existen vínculos con organismos de la delincuencia organizada.

Los cambios serán propuestos a través de reformas a la Constitución y leyes secundarias que serán enviadas al Congreso de la Unión el próximo lunes, y la primera será la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.

Además, el presidente Peña Nieto propuso “crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética y poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas”.