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El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, concluyó que la tortura y los malos tratos “son generalizados” en México después de la detención de una persona y la puesta a disposición de la justicia, y se dan en un contexto de “impunidad”.

En un informe enviado a la Cámara de Diputados, detalla que la tortura y los malos tratos ocurren “generalmente con la finalidad de castigar o extraer confesiones o información” de los detenidos.

Méndez realizó una vista a México del 21 de abril al 2 de mayo pasado, y asegura que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones e, incluso, de las Fuerzas Armadas, pero también existe la “tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces que no siempre cumplen con sus obligaciones bajo la prohibición absoluta de la tortura”.

En una de las recomendaciones, el relator detalla: “La impunidad de la tortura y los malos tratos es aliciente para su repetición y agravamiento. El Estado debe urgentemente arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente estos actos”.

Mecanismos débiles

El texto de 27 cuartillas más un anexo, detalla que las salvaguardas del Estado son “débiles”, al detectar e impedir la tortura en los primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva.

“Frecuentemente, el registro de detención y exámenes médicos son deficientes y no constatan alegaciones o evidencias de tortura; no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al Ministerio Público”, afirma.

En un anexo, refiere que la mayoría de los detenidos que fueron examinados eran de bajo nivel socioeconómico y educativo, y pertenecían a grupos sociales vulnerables.

En general, “los detenidos no informaron casos de tortura o malos tratos dentro del establecimiento penitenciario por parte del personal del mismo, sin embargo, nos informaron sobre varios casos de tortura y malos tratos que llevaron a cabo durante la detención, el transporte y, sobre todo, durante los interrogatorios por agentes de distintos cuerpos policiacos y militares involucrados en la detención”.

Arraigo

Después de que se conoció la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, presuntamente a manos de soldados del Ejército, también emite recomendaciones como retirar definitivamente a las fuerzas militares de las labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles, además de eliminar “definitivamente” el arraigo, así como figuras similares en lo federal o estatal.