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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, su gobierno ha actuado de acuerdo con sus facultades legales y con transparencia en las indagatorias.

Al entregar al Senado las preguntas parlamentarias con motivo de su segundo informe de Gobierno, Peña Nieto dijo que ante los lamentables hechos del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, se han emprendido acciones “contundentes” para conocer la ubicación de los estudiantes, brindar atención a las víctimas, así como para la impartición de justicia a partir de la verdad de los hechos.

Entre las acciones de búsqueda detalló que se han desplegado más de mil 776 efectivos de diversas divisiones de la Policía Federal.

“Estos elementos llevan a cabo tareas permanentes de búsqueda, tanto en grupos especializados como en brigadas con los familiares de los estudiantes no localizados. Es importante señalar que se han conformado cuatro brigadas de búsqueda y localización integradas por padres de familia, agentes del Ministerio Público de la Federación, y policías federales”, comunicó el Ejecutivo.

Además, en la zona se cuenta con la presencia de 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 15 binomios ecuestres, dos helicópteros, dos aeronaves de reconocimiento, seis buzos, cuatro laboratorios móviles y georadares que coadyuvan en las acciones de búsqueda.

El Gobierno colabora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien solicitó la aplicación de medidas cautelares, incluyendo aquéllas en favor de los familiares de los desaparecidos, así como informes sobre avances.

Informó que se han efectuado cerca de mil doscientos recorridos de búsqueda y patrullaje, así como más de 140 vuelos de reconocimiento; se implementaron seis filtros de revisión para la búsqueda y localización de los estudiantes en Iguala y Chilpancingo.

Sobre el caso Tlatlaya, respondió que la Sedena presentó a ocho elementos —un oficial y siete elementos de tropa— como posibles responsables del crimen y fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar e internados en el Campo Militar Número 1.

El 10 de octubre pasado se informó que se había acusado de homicidio calificado a tres militares (un sargento y dos soldados) y a otro más (teniente que encabezó la operación) por encubrimiento por ocho de las 22 muertes y que puede haber más acusados, dado que la investigación sigue abierta.