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El dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, solicitó un amparo de los llamados “buscadores”, como parte de una estrategia con la que su defensa pretende conocer si en el fuero común existe alguna orden de aprehensión en su contra, además del expediente que existe en tribunales federales en el que se le imputa el presunto desvío de 55 millones de dólares que formaban parte de un fideicomiso del gremio.

En las listas de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra el amparo directo 767/2014 que el representante legal del líder minero presentó el 11 de agosto pasado, solicitando la protección de la justicia contra una “orden de aprehensión y su ejecución”. Este juicio de garantías se radicó en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo del Primer Circuito, en el que se estableció como posible autoridad responsable de haber emitido una orden de captura en su contra al Juez Primero de lo Penal en el Distrito Federal.

De acuerdo con autoridades del Poder Judicial de la Federación este tipo de recursos son conocidos como “buscadores”, ya que permiten a la defensa del quejoso conocer si en alguno de los juzgados penales del Distrito Federal existe un mandato judicial, por lo que casi siempre, por trámite, se concede una suspensión provisional al demandante, hasta en tanto los jueces notifican sobre la existencia o no de una orden de aprehensión.

En el caso del amparo que promovió la defensa de Gómez Urrutia, la juez Catalina de la Rosa Ortega concedió la suspensión provisional contra el acto reclamado y fijó una fianza por 135 mil pesos al quejoso, por lo que en caso de haber un mandato judicial en su contra en juzgados penales del Distrito Federal no podría ser detenido por el momento.

De la Rosa Ortega también fijó para el 15 de agosto la audiencia incidental en la que la defensa de Gómez Urrutia deberá presentar más argumentos y se analizarán los reportes que envíen los jueces penales capitalinos.

Será el 29 de agosto, de acuerdo con el calendario que estableció la juzgadora, cuando se determine en la audiencia constitucional si este amparo sigue firme o se sobresee.