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Amnistía Internacional (AI) calificó la ejecución de Édgar Tamayo Arias como “un asesinato sin ninguna justificación”; mientras que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó y reiteró que ésta viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos, por lo que pidió a ese país que se tomen medidas para impedir que se concreten otras condenas de pena capital que aún se encuentran pendientes.

La Cancillería sostuvo que “la ejecución viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictado en el Caso Avena (2004)”, que ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los veredictos de culpabilidad y la pena capital impuesta a Édgar Tamayo, así como a otros 50 connacionales, cuyo derecho a la notificación y asistencia consular fue violado por las autoridades de Texas durante su detención.

“El gobierno de México hace un llamado para que tome acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena, que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países”, expuso.

Informó que a solicitud de la familia Tamayo mantendrá el apoyo que ha brindado en los últimos años en este caso y asistirá en el proceso de traslado a México de los restos de Édgar.

Amnistía Internacional afirmó que “la ejecución de Édgar sin respetar su derecho a un juicio justo, y sin tener en cuenta los elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, al establecer la sentencia convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación”.

Agregó que la ejecución “representó no sólo una indudable violación de su derecho a la vida y al debido proceso, sino además un claro desacato a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que había ordenado suspender tal sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso”, además de ignorar medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que el mundo atestiguó hoy no fue acto de justicia sino de crueldad. Un hombre hoy fue asesinado bajo la falsa pretensión de justicia, un hombre cuyo proceso no conoció más que la injusticia”, afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de AI en México.

Otros mexicanos están a la espera de la inyección letal. A pesar de que se estableció que padece retraso mental, Ramiro Hernández Llamas ya tiene fecha para su ejecución este año en Texas: 9 de abril. Su nombre está en la lista de los 51 connacionales cuyos casos ordenó revisar la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) al gobierno de Estados Unidos, ante las evidentes violaciones a derechos en sus procesos, que impidieron una adecuada defensa.

Aunque el tema de ejecuciones de mexicanos en ese país tiene un largo historial de más de dos décadas, antes del litigio internacional entre México y Estados Unidos; en total, ocho connacionales han perdido la vida como castigo por sus presuntos crímenes, la mayoría en el estado de Texas.

La fecha próxima es el 9 de abril. Ese día se fijó la ejecución de Ramiro Hernández Llamas, un hombre procedente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien fue hallado culpable de la muerte del profesor Glen Lich, el 14 de octubre de 1997, así como del abuso sexual contra la esposa, para quienes trabajaba en un rancho de Kerrville, Texas.