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La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzar los mecanismos de seguridad de los documentos oficiales donde se certifique el grado académico de los estudiantes.

EL UNIVERSAL publicó el 20 de enero una investigación en que se constata que, con 6 mil pesos, cualquier persona puede obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta credencial de elector, en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, a unas cuadras del Zócalo.

Bajo la identidad de una persona fallecida hace dos años, este diario realizó un ejercicio para obtener el título de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey. Pasaron sólo seis horas entre el pago del adelanto y la entrega de los papeles pirata.

El trámite no tuvo mayor complicación, sólo fueron necesarias una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), una firma en hoja blanca y fotos tamaño título. Estas últimas no las llevaba el reportero durante la entrega, sin embargo, por 150 pesos, los coyotes ofrecen servicio de fotografía personalizada, que incluye retoque digital, vestimenta —traje y corbata— y hasta peinado.

Seguimiento

Por esto, diputados respaldaron una propuesta para sostener una reunión con autoridades de la Dirección General de Profesiones de la SEP, con la finalidad de conocer los sistemas de seguridad que implementa en los certificados educativos, así como lo que hace respecto a las instituciones que han sido denunciadas de participar en el ilícito de falsificación de documentos.

Explicaron que esta dirección tiene entre sus labores detectar documentos falsos; no obstante, los candados de certificación que implementa “son ineficientes”, porque sólo toma una muestra del universo de certificados que circulan en el país, ante la imposibilidad de hacerlo con todos los existentes.

Autoridades del Distrito Federal reportaron la detención de 47 personas en operativos realizados en la Plaza de Santo Domingo, de 2011 a 2013, por el delito de falsificación.

El punto de acuerdo, analizado por la Comisión de Educación y próximamente llevado al pleno, detalla que entre las entidades con más casos de documentos falsos —en comparación con la cantidad de egresados—, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, DF, Estado de México, Puebla e Hidalgo, como publicó este diario.

La misma SEP ubicó que el certificado de bachillerato y los títulos universitarios de las carreras de Enfermería, Medicina y Derecho como los más demandados para falsificar, entre 2002 y 2012.

Los falsificadores emiten títulos apócrifos con emblemas de universidades como la de Guerrero, Autónoma de Morelos, Benemérita Autónoma de Puebla, Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma del Estado de México.

El punto de acuerdo, promovido por los diputados de Movimiento Ciudadano Ricardo Morreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, también hace partícipe a la Procuraduría General de la República (PGR) para que persiga y consigne a quienes hayan incurrido en el delito de falsificación de documentos oficiales.

Resaltaron que la Cámara de Diputados debe velar por que los documentos que acreditan a los profesionales cuenten con códigos o lineamientos de máxima seguridad para que no sean falsificados, además de erradicar en las dependencias la emisión de documentación oficial, y con esto, las prácticas corruptas de quienes laboran en estas.

Se considera pertinente perseguir de oficio la comisión del delito, “por lo que es menester no sólo evitar que se reproduzca la práctica, sino que se castigue a aquellos que han vulnerado la credibilidad de las instituciones académicas y del Estado”, dice.

Más cárcel

De manera paralela, Mejía Berdeja presentó una iniciativa para castigar con 15 años de cárcel a quienes falsifiquen títulos escolares.

El legislador propone modificar el artículo 243 del Código Penal Federal, para aumentar de cinco a 15 años la pena de prisión y de 200 a 360 días de salario mínimo la multa por falsificar documentos públicos; y de uno a cinco años de cárcel y multa de 180 a 360 días, por falsificar documentos privados. Tratándose de un servidor público, la pena aumentaría hasta en una mitad.

No solamente se hace mal uso de documentos oficiales, falsificados, sino que también se están adentrando en actividades que requieren conocimientos, de ahí la gravedad del tema, comentó el legislador de Movimiento Ciudadano.