politica@eluniversal.com.mx

Washington.— El Departamento de Estado se mostró ayer esperanzado en que la reciente detención del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, permita resolver el caso al gobierno de México, y conocer la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.

“Esperamos que los arrestos aporten más información para ayudar a las autoridades mexicanas a resolver el caso, de conformidad con el debido proceso y el imperio de la ley”, aseguró a EL UNIVERSAL un portavoz del Departamento de Estado.

En el mismo sentido, el Departamento de Estado reiteró su preocupación por la suerte que pueden haber corrido los 43 estudiantes que el gobierno busca por cielo, mar y tierra con un despliegue sin precedentes de recursos, efectivos militares y policías.

“Seguimos preocupados por el destino de los 43 estudiantes, extendemos nuestro más profundo pésame a los amigos de los desaparecidos y la familias, e instamos a que los responsables sean llevados ante la justicia”, aseguró el funcionario.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), sostuvo que los casos de Iguala y Tlatlaya son de extrema gravedad y deberían avergonzar a las autoridades mexicanas.

Manifestó que en ambos acontecimientos hay paralización, lentitud, negligencia, improvisación, obstrucción de la justicia y encubrimiento por parte de todos los niveles de gobierno.

En conferencia de prensa, Vivanco señaló que la reacción del presidente Enrique Peña Nieto ante estos acontecimientos ha sido lenta y mala, por lo que “la imagen de su gobierno está por los suelos”.

Dijo que estos hechos son un síntoma de una crisis profunda en materia de derechos humanos y seguridad pública que ha arrastrado México desde hace años y que el gobierno mexicano no ha querido atender por estar más preocupado por su imagen.

Al referirse al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el director de la División de las Américas de HRW dijo que no hubo una reacción inmediata por parte de las autoridades locales ni federales para evitar que se consumara el secuestro y la desaparición forzada de los jóvenes.