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El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, diputados federales, senadores y líderes estatales y municipales entregaron a la Cámara de Diputados más de 2 millones 450 mil firmas para solicitar la realización de una consulta popular el próximo año con el objetivo de incrementar el salario mínimo de trabajadores.

Madero se hizo acompañar de sus coordinadores parlamentarios, el diputado José Isabel Trejo y el senador Jorge Luis Preciado, para entregar un total de 67 cajas.

Los panistas fueron recibidos en el salón de Protocolo por el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles.

“Misión cumplida”, expresó Madero, y pidió a los diputados, al Instituto Nacional de Elecciones (INE) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldar esta petición. Madero, Marco Antonio Adame, José Isabel Trejo y Preciado trasladaron –en diablitos– desde la entrada principal al salón Protocolo algunas cajas con las firmas que sustentan su petición.

El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, cargó una caja de firmas al hombro y dijo: “¡Así no nos van a dar trabajo en la Central de Abasto, presidente!”

Más que un evento protocolario, parecía un mitin a favor de Madero. La entrada principal de San Lázaro, sobre la avenida Congreso de la Unión, se llenó de diputados, senadores, presidentes estatales y municipales que querían tomarse la foto.

Madero calificó la entrega como una experiencia inédita, “es imperativo que este primer ejercicio sea exitoso, que los ciudadanos sientan la potencia de su voz, la potencia de decidir ellos sobre los temas que les son planteados”.

Se pronunció por que no sólo la consulta del “salario digno”, se consolide, sino también las de otros partidos en materia energética y de legisladores plurinominales.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Silvano Aureoles, comentó que el Congreso ha estado trabajando para que estos ejercicios y mecanismos se hagan una realidad y puedan utilizarse por los ciudadanos.

Aureoles turnó las cajas al Instituto Nacional Electoral para su revisión y reiteró la institucionalidad de la Cámara de cumplir con la ley.