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Las computadoras, pantallas de plasma y cañones de proyección, en los cuales se invirtieron millones de pesos durante cinco años dentro del llamado programa Enciclomedia, terminaron como equipos para uso administrativo en 22 estados y no para mejorar la calidad de la educación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) interponer las sanciones de ley para los servidores públicos que “instruyeron o iniciaron el proceso de donación” o transferencia de los equipos Enciclomedia para uso administrativo en los gobiernos estatales.

Al dar a conocer la cédula de seguimiento de la cuenta pública 2008, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados reporta que hasta septiembre de 2013, mediante el expediente DE-453/2010, la secretaría inició el proceso administrativo para interponer las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que permitieron ese despropósito de una inversión millonaria.

Si bien los equipos Enciclomedia se entregaron para niños de quinto y sexto de primaria, y primero de secundaria, la Auditoría señala que en el proceso de donación de equipos, propiedad de la SEP hasta 2011, se haría para fortalecer el programa sustituto, el de Habilidades Digitales para Todos, diseñado exclusivamente para primaria.

El expediente de investigación del órgano superior de fiscalización pide a la SEP investigar los actos cometidos por los funcionarios públicos de la subsecretaría de Educación Básica, que durante el proceso de transferencia de los bienes tecnológicos dictaminaron como “de no utilidad” las donaciones, y, como consecuencia, el equipo de Enciclomedia terminó en manos de la burocracia.

En anteriores auditorías la instancia fiscalizadora dio a conocer que en cinco años se invirtieron por arriba de 24 mil millones de pesos en la compra de los equipos, además de que acreditó un sinnúmero de irregularidades.

En el seguimiento a los equipos y su uso, la ASF atribuye ahora que Enciclomedia tenía como propósito “mejorar la calidad de la educación secundaria de las escuelas públicas del país como herramienta innovadora de apoyo a la labor docente”.

El documento detalla que en el proceso de donación a 22 estados —no dice cuáles son— se omitió la norma de baja de bienes de la administración pública, que señala: “Las donaciones deberán formalizarse mediante con los contratos respectivos”.