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Testigos que falsearon declaraciones, fabricación de pruebas o evidencias inexistentes u obtenidas de forma ilegal para comprobar los delitos, son factor común en el expediente que la Procuraduría General de la República (PGR) integró en el sexenio pasado en la llamada “Operación Limpieza”; hoy, 13 de los servidores públicos acusados en 2008 por presuntos nexos con el narcotráfico se encuentran libres, fueron absueltos.

La investigación contra la corrupción más relevante del sexenio de Felipe Calderón para depurar la PGR —entonces encabezada por Eduardo Medina Mora—, cinco años y cuatro meses después es sinónimo de fracaso, y ha derivado en el inicio de un expediente contra testigos utilizados en estos casos, así como para determinar si existió una actuación irregular por parte de funcionarios que participaron en estas pesquisas.

El 27 de octubre de 2008, un día después de que EL UNIVERSAL dio a conocer la existencia de la “Operación Limpieza”, el entonces procurador federal, Eduardo Medina Mora, reconoció que el narcotráfico presuntamente se había infiltrado en las filas de la PGR, según concluyó una investigación que también condujo a la aprehensión de altos mandos de la Policía Federal, quienes hoy también gozan de libertad, pues la dependencia no pudo sustentar sus acusaciones.

Uno de los casos más significativos es el de Noé Ramírez Mandujano, quien era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), quien abandonó la prisión en abril de 2013.

Pasó cuatro años y medio en prisión, por las declaraciones de testigos protegidos que le imputaron haber recibido 450 mil dólares a cambio de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva, por lo que recibiría mensualmente la misma cantidad, aprovechando su cargo como zar antidrogas.

Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit lo absolvió del delito de delincuencia organizada, ya que los testigos protegidos mintieron en sus declaraciones, se fabricaron pruebas en su contra y se obtuvo evidencia de forma ilegal, de acuerdo con el fallo judicial, en el que se ordenó a la PGR investigar a los testigos usados en el caso, así como a los funcionarios que realizaron la indagatoria.

Caso Colorado

Otro de los funcionarios de alto nivel acusado fue Colorado González, a quien se le imputó entregar “datos y documentación a integrantes de organizaciones criminales, entre ellas la de los Beltrán Leyva, a cambio de grandes cantidades de dinero”, por lo que fue detenido el 6 de agosto de 2008.

Incluso informó que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México que se librara la orden de detención provisional con fines de extradición, misma que fue obsequiada por un juez federal. En enero pasado este diario informó que agentes y fiscales de ese país amenazaron a Colorado para que colaborara con ellos, pero en agosto de 2013 autoridades estadounidenses desistieron de la petición.

En el caso del agente federal Mejía Robles, fue detenido el 26 de octubre de 2008, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico. Ambos fueron internados en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y sometidos a proceso.

A esta lista se suman otros 10 ex servidores públicos exonerados por la falta de pruebas en los delitos que se les imputó e irregularidades similares en los expedientes, como se evidenció en los procesos contra Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia de SIEDO, y los agentes federales adscritos Luis Manuel Aguilar Flores, Francisco Javier Jiménez y Jorge Alberto Zavala Segovia, aunque este último se encuentra preso por otro caso, pero fue absuelto por la “Operación Limpieza”.

La PGR tampoco pudo sustentar sus acusaciones y fueron absueltos Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, ex jefes de Interpol; Francisco Navarro Espinosa, quien fuera jefe de Operaciones Especiales de la Policía Federal; así como los agentes de la División antidrogas de esa corporación, Fidel Hernández García y Jorge Cruz Méndez; además del mayor del Ejército, Arturo González Rodríguez. Sólo Víctor Gerardo Garay Cadena, ex comisionado de la PF, está libre tras cumplir una condena de cuatro años.

Otro de los implicados fue Édgar Enrique Bayardo del Villar, en ese entonces inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, quien a la postre se convertiría en testigo protegido bajo el seudónimo de Tigre.

Según registros, la PGR le pagaba 50 mil pesos mensuales, y previo a su arresto, cobró al cártel de Sinaloa 25 mil dólares mensuales y pidió a los jefes de esa organización criminal —según confesiones de los mismos capos— pagar hasta 500 mil dólares por sus ascensos en la Policía Federal.

A fines de diciembre de 2009, Bayardo del Villar fue asesinado a balazos frente al Starbucks ubicado en la colonia Del Valle, en el cruce de las calles Pilares y Pestalozzi, número 1007, de la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal.