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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará el próximo miércoles si son válidas o no las consultas populares impulsadas, por separado, por PRI, PAN, PRD y Morena, en relación a diversos temas.

El ministro presidente, Juan Silva Meza, abrió un receso y canceló las sesiones ordinarias del pleno programadas los días 27 y 28 y el calendario de la primera y segunda sala a desarrollarse el 29 de octubre, lo anterior con la finalidad de que los ministros instructores se dediquen al 100% a la elaboración de los proyectos de resolución y el resto del pleno al estudio de las propuestas.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Suprema Corte debe discutir el examen de constitucionalidad de las preguntas elaboradas por los partidos a más tardar en 20 días hábiles. Y será a partir del visto bueno de la Corte que los proyectos se concretarán en una consulta popular o el Congreso archivará el tema.

Silva Meza detalló la lista de los ministros ponentes y la asignación del tema.

La revisión de la pregunta sobre salarios mínimos que propone el blanquiazul será examinada por José Ramón Cossío.

La ministra Margarita Luna elaborará el examen de constitucionalidad de la consulta popular que propone el PRD en relación a la reforma energética.

La encargada de revisar la constitucionalidad de la pregunta que impulsa Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es la ministra Olga Sánchez Cordero. Y la cual cuestiona sobre contratos a extranjeros y nacionales para la exploración en Pemex.

Diputados plurinominales

La Mesa Directiva del Senado de la República informó que será el 28 de octubre cuando envíe a la Suprema Corte la solicitud de examen de constitucionalidad en relación a la pregunta del PRI para reducir el número de legisladores plurinominales.

De esta manera, la SCJN concentrará este mes su esfuerzo en sacar adelante este tema, ya que trabaja contrarreloj a fin de garantizar que las consultas viables se lleven a cabo en el presente proceso electoral.

En caso de que las propuestas transiten, será el Instituto Nacional Electoral (INE) la instancia encargada de organizar su aplicación.

Si las propuestas no cumplen con las características establecidas por la normatividad vigente, el Congreso de la Unión deberá archivarlas.