Si bien puede parecer excesiva la contratación de decenas de asesores y de personal de apoyo para diputados y senadores, esta tarea no debe ser subestimada. La labor del Congreso es tan importante como la de cualquier otro poder u órgano constitucional y sus cuadros deben estar siempre lo mejor capacitados posible. El tema, por lo tanto, no es de cantidad sino de calidad. Los resultados de los propios legisladores dependerán en gran medida de quiénes conforman a su personal más cercano.

La pregunta crucial alrededor de este tema es no es tanto si son suficientes los asesores, sino si cumplen con las tareas para las cuales se supone que fueron contratados. De hecho, la cantidad requerida puede variar conforme al tamaño de los proyectos a evaluar, así como a su complejidad.

Esto es fácilmente comprensible a partir de la comparación con otras naciones. En otros países con órganos legislativos el gasto del Congreso es mucho mayor o mucho menor según la actividad específica. Basta ver el caso de Estados Unidos o de Alemania, donde no es un escándalo político el contar con un staff de más de 50 personas. Lo básico es justificar su trabajo y su efectivo apoyo al legislador.

Normalmente quien llega a un escaño de representación popular no es especialista en las tareas para las cuales fue electo. Ganar el favor de los electores depende de factores ajenos al área profesional en la que el político se formó. No podemos esperar, por lo tanto, que los legisladores sean “todólogos”, tal cosa es imposible (aunque existen algunos especialistas en ciertos rubros, usualmente nombrados por la vía plurinominal, que llegan a posiciones clave en comisiones del Congreso). Por ello el uso de los asesores parlamentarios es fundamental en el trabajo del Poder Legislativo. Nuestros representantes deben tener expertos en todas las áreas de trabajo y confiar en su consejo para tomar decisiones tanto en comisiones como en el pleno.

Tómese como ejemplo las grandes reformas aprobadas el año pasado: telecomunicaciones, energía, fiscal. En cada uno de esos ámbitos los legisladores tuvieron que recibir la asesoría de personal especializado que les orientara en torno a cuál era la mejor forma de legislar en cada materia.

Por eso la mejor forma de verificar la calidad de esos empleados es saber sus perfiles. Suele ocurrir que los “asesores” son en realidad secretarias, ayudantes generales o incluso choferes. Los diputados y senadores llenan esos espacios con cercanos, familiares o usan las plazas para pagar compromisos de campaña.

La forma de controlar ese abuso sería modificar la Ley Orgánica de ambas Cámaras para establecer un servicio profesional de carrera que norme la incorporación de asesores. De lo contrario, la contratación del personal que debería ser especializado seguirá dependiendo de voluntades políticas, de compadrazgos y de pago de favores.

Director general de Impacto Legislativo