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En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presentó el proyecto que propone desechar la petición de senadores perredistas —presentada en diciembre de 2013— para que el Alto Tribunal califique la consulta popular en contra de la reforma energética; el tema dividió opiniones entre los ministros, pues cuatro de los siete que ayer fijaron posiciones están a favor de rechazar la solicitud.

Aunque el tema seguirá a discusión en la sesión del pleno del jueves, para que el resto de los ministros expresen sus puntos de vista jurídicos, la propuesta de Alberto Pérez Dayán de no dar trámite a la petición generó un intenso debate sobre los procedimientos que marca la ley para realizar una consulta popular, se cuestionó en algunos casos la facultad de quiénes presentaron la petición y hasta se plantearon alternativas como remitir el caso al Instituto Nacional Electoral (INE).

El 4 de diciembre de 2013 los senadores Manuel Camacho, Alejandro Encinas y Mario Delgado, en su calidad de ciudadanos, solicitaron la intervención de la SCJN para que califique “la constitucionalidad de materias de la consulta popular sobre la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales, en materia energética, misma que fue solicitada en términos de lo establecido por la Carta Magna, ante el Congreso de la Unión”, acompañando la petición con 1 millón 772 mil 242 firmas.

Juan Silva Meza, presidente del máximo Tribunal, sometió a consideración del pleno si es procedente o no su intervención y Pérez Dayán se encargó de formular el proyecto, que establece “declarar improcedente la referida solicitud, ante la falta de legitimación de quienes la formulan”, además de que al momento de que los senadores remitieron su petición, no existía ley reglamentaria sobre la reforma constitucional en materia de consulta popular (de agosto de 2012) que establece los procedimientos a seguir para su realización

A la propuesta de rechazar la petición de los senadores se sumaron los ministros Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Mario Pardo Rebolledo, aunque en algunos casos sus argumentos difirieron del proyecto del ponente.

Luna Ramos dejó en claro que los senadores solicitantes no tomaron en cuenta que la ley establece que el rector del procedimiento de una consulta popular es el Congreso de la Unión, y en este caso sólo un día después de que se le pidió la consulta, los senadores también demandaron la intervención de la SCJN, sin tomar en cuenta otras fases del procedimiento.

Mientras que los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero propusieron adoptar otras alternativas para garantizar el derecho político de los peticionarios, al considerar que cuando pidieron la intervención de la SCJN no había ley reglamentaria para la consulta.

Al respecto, Cossío Díaz propuso enviar el caso al Instituto Federal Electoral, próximamente Instituto Nacional de Elecciones, “para que verifique el requisito de si estos ciudadanos puedan acreditar contar con al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores” para respaldar su solicitud, y ésta “no se deseche de plano”.