Debido a los daños económicos, políticos y sociales derivados del uso y abuso de recursos públicos para la promoción de individuos y partidos mediante propaganda gubernamental en medios de comunicación, la diputada Lizbeth Rosas Montero urgió a poner un alto a esta práctica mediante una norma.

En consecuencia, propuso al Congreso de la Unión aprobar la Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, que sería reglamentaria del artículo 134 de la Constitución y que, por omisiones del Poder Legislativo, no ha sido emitida en más de siete años, como era obligación hacerlo, según disposiciones legales.

Un marco regulatorio claro y preciso sobre la publicidad institucional —dijo— es de gran importancia para controlar los excesos de muchos actores públicos que usan los recursos para promover sus carreras políticas y limitar a los medios de comunicación.

Esto, desde luego, afecta el derecho a la libertad de expresión, la equidad en las contiendas electorales, la imparcialidad en el uso de recursos públicos y el derecho a la información, pues a la ciudadanía no se le da información libre de tendencias políticas o ideológicas.

La legisladora perredista recordó que desde el 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 134 de la Constitución, según la cual los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos a su disposición, sin afectar la igualdad de oportunidades para los partidos políticos.

La propaganda que contraten o difundan bajo cualquier modalidad de comunicación, sobre acciones, programas, políticas públicas, obras, servicios y campañas de todo tipo —dice la reforma de 2007— debe ser de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso —precisa la reforma—, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En esencia, señaló Rosas Montero, esa reforma de 2007 replantea la relación entre política y medios de comunicación, y daba respuesta a dos de los más graves problemas que las elecciones de 2006 había dejado: el elevado costo de la democracia mexicana, y el uso y abuso de medios.

Por ello, la reforma de 2007 planteó tres objetivos: menos dinero y más sociedad en la política y las campañas electorales; capacidad, responsabilidad e imparcialidad en los responsables de las instituciones electorales, y respeto al legítimo derecho de los funcionarios a aspirar a un cargo de elección, siempre y cuando —como lo establece la Constitución— no usen su cargo para promocionar sus ambiciones.

Para esto, en aquel entonces, el Congreso se emplazó en 30 días a reformar las leyes secundarias para aplicar este precepto constitucional y, ante el incumplimiento, se fijó el 30 de abril de 2014 como fecha límite, lo que tampoco se cumplió.

Para Rosas Montero, esta omisión ha vulnerado los derechos a la información y a la libertad de expresión de los mexicanos, así como al presupuesto por su uso para la promoción de ambiciones personales.

Así lo hace ver —dijo la legisladora— la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la cual la libertad de expresión se ve en riesgo por el uso del poder del Estado, los recursos públicos, las prebendas arancelarias, los contratos de publicidad, los créditos oficiales y las frecuencias de radio y televisión, pues con este uso se presiona, castiga, premia o privilegia a los comunicadores y a los medios en función de sus líneas informativas.

La Ley General que propone Rosas Montero al Congreso para subsanar su omisión, a través de la Cámara de Diputados, consta de 43 artículos distribuidos en seis capítulos. Redacción