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La demora con la que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, ha emitido algunas recomendaciones propicia impunidad, pues las responsabilidades administrativas en varios casos han prescrito, señalaron organizaciones civiles.

Ximena Andión, integrante del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la CNDH ha caído en descrédito porque no sólo obstruye y omite reparar de manera integral el daño sufrido por las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino que tampoco busca soluciones definitivas que eviten futuros abusos de autoridades.

Tal es el caso de la recomendación 57/2013 que documenta el secuestro y asesinato de un trabajador de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), cuyo cuerpo terminó en una fosa común por omisiones de autoridades judiciales. La comisión emitió la resolución 3 años y 7 meses después de los hechos.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su artículo 34 que las sanciones prescriben en tres años contados a partir del día siguiente en que se cometieron las infracciones, por lo que los funcionarios que pudieron incurrir en fallas no fueron multados, ni suspendidos o inhabilitados.

Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional (AI), coincidió en que la CNDH deja en estado de indefensión a las víctimas, las somete a largos procesos administrativos que no aportan para que accedan a la justicia y se les repare el daño.

La recomendación 42/2014, por ejemplo, que habla de la desaparición forzada de un grupo de 10 cazadores entregados por policías municipales a criminales organizados, estuvo un año en un cajón de la CNDH, pues durante un año no hubo ninguna diligencia antes de que se emitiera su resolución.

Este diario buscó la versión del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, pero no hubo respuesta.

El 24 de abril de 2010, José Antonio Parral, trabajador de Capufe fue secuestrado en Tamaulipas. Su cuerpo fue hallado después de un enfrentamiento y aunque estaba identificado, fue enviado a la fosa común, por lo que se presentó la queja el 1 de abril del 2011.

La CNDH determinó dos años y medio después que se violaron los derechos a la vida, la integridad, seguridad personal, al buen nombre y honor, a la legalidad, seguridad jurídica y trato digno de la víctima por parte de miembros de la Sedena y de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. No hay evidencias de que los responsables hayan sido sancionados.

Una mujer violada por militares en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, tras presentar su queja fue indemnizada hasta 2011, ya que hasta ese año el organismo emitió la recomendación 88/2011. A la mujer le pagaron con un cheque, pero se ignora hasta ahora si los soldados responsables fueron sancionados.