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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la solicitud de consulta energética promovida por el PRD, con lo que comenzó a correr el plazo de 20 días naturales para resolver sobre su constitucionalidad, mismo que vencerá el 9 de noviembre próximo.

La ponencia sobre constitucionalidad o no fue asignada a la ministra Margarita Luna Ramos, para la presentación del proyecto al pleno de la Corte.

De acuerdo con la Ley de Consulta Popular, una vez que sea declarada la constitucionalidad por la SCJN el Congreso, por conducto de sus mesas directivas, emitirá la convocatoria, la notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) para que proceda a organizarla y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En su escrito de admisión, la Corte recordó al PRD que, conforme al artículo 35 de la Constitución, se resolverá sobre la constitucionalidad o no de la materia de la consulta y revisará que la pregunta derive directamente de la materia en cuestión; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, “emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo”.

En el acuerdo de admisión también se estableció que, dado el caso, el partido deberá realizar “las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados”.

Además del cabildeo que el PRD encabezará en la SCJN en pro de la aprobación de su solicitud de consulta popular, ese partido acordó en su Consejo Nacional desplegar un plan de acción paralelo para impulsar su iniciativa.

Este plan contempla el llamado a que actores políticos, sociales, culturales, envíen cartas a la SCJN para solicitar la realización del sondeo perredista, “intensificar el acercamiento con organizaciones artísticas, culturales, sociales, campesinas y sindicales, así como las organizaciones que están en contra del fracking”.

Además, en las Cámaras de Diputados y de Senadores se impulsarán foros de discusión sobre el tema y los fundamentos de la constitucionalidad de la consulta popular.

Según el plan de acción, los comités estatales impulsarán la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática y se enviará la información a las embajadas para que sepan del proceso que vive el país en la aplicación de ese mecanismo.