Ha sido tema reciente en la opinión pública el pronunciamiento del gobierno estadounidense al referirse al fenómeno de los niños y niñas migrantes no acompañados, como un problema de crisis humanitaria.

El que este problema adquiriera dichas dimensiones puede obedecer a diversas causas, pero sin duda, ningún gobierno de los involucrados puede decirse sorprendido de las cifras que dicho fenómeno ha alcanzado y que vulnera los derechos de un sector triplemente vulnerable por su condición: infantes, migrantes y en condiciones de miseria.

Más allá de pretender juzgar el rol de las autoridades migratorias estadounidenses respecto a garantizar la seguridad de estos niñas y niños migrantes, es necesario precisar el nivel de responsabilidad de los países centroamericanos , y de México inclusive, en no generar condiciones en su territorio para evitar la movilización de estos infantes, cuyas cifras alcanzarán la alarmante cantidad de 16 mil infantes centroamericanos este año, cruzando el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, cifra que representa casi el doble de lo registrado en 2013, de acuerdo con estimaciones recientes del gobierno mexicano.

Ninguno de los gobiernos involucrados se puede llamar sorprendido respecto a este fenómeno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), documentaron desde 2009 este fenómeno en su estudio Niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos en la frontera sur de México.

En dicho estudio ya daban cuenta de la economía que detonan estos niños que son empleados en el sector agrícola, o están en situación de calle comercializando productos, las niñas como trabajadoras domésticas, y los llamados niños asegurados, estos últimos los únicos documentados en su tránsito, ya que existe un registro de ellos en las estaciones migratorias.

Es de las entrevistas practicadas a los niños asegurados, que se identificó como principales causas de su migración: la reunificación familiar, el ayudar económicamente a la familia, migrar por maltrato físico y psicológico de familiares y vecinos, o para evitar ser incorporados a pandillas y grupos delictivos.

Desde entonces académicos y organismos internacionales y nacionales levantaron la voz ante el creciente peligro que significa para estos niños, niñas y adolescentes el abandonar su tierra en aras de dejar atrás una miseria, que les impone como reto jugarse la propia vida.

No sorprende que el discurso y alerta del gobierno estadounidense se centre en proporcionar apoyo económico y capacitación a México, para blindar su frontera sur y cortar de “origen” como lo llaman, el paso de los centroamericanos hacia el norte. Lo que llama la atención es la justificación que gobiernos como el guatemalteco utilizan para señalar que el crecimiento del fenómeno obedece, en gran parte, por las expectativas que genera en su población la posible reforma migratoria anunciada en Estados Unidos desde 2012.

Tampoco México está al margen de la problemática, no se explica por qué estando documentada desde hace años, la ruta del migrante, llamada también ahora ruta de la muerte, por los secuestros y extorsiones de las que son víctimas, no se tienen aún resultados contundentes del supuesto combate a este flagelo, que en su extensión letal incluye la trata de personas, de la que lamentablemente la fragilidad de los niños, niñas y adolescentes los hace su principal víctima.

Los 2 mil millones de dólares que pedirá Obama para atender la crisis de los menores y simplificar su deportación, sin duda son un buen gesto, pero ni ello ni el despliegue tecnológico ni militar financiado por Estados Unidos para proteger la frontera sur de México inhibirán un fenómeno que además de tener en su origen la pobreza, es alimentado por cadenas de explotación de trabajo infantil, que hacen de esta miseria, su fuente de riqueza.

Las medidas hasta ahora anunciadas, incluso algunas ya instrumentadas, adolecen de un enfoque humanitario, y evidencian uno de seguridad nacional, en donde detener la migración es la prioridad, por encima incluso de garantizar la integridad de los pequeños, y apoyar programas que les permitan su reinserción en su país de origen.

De no combatirse la trata de personas y el trabajo infantil con la misma tenacidad y despliegue militar con el que se persigue a los indefensos, en cinco años más, seguiremos escandalizándonos gobierno y sociedad, como si por vez primera conociéramos del horror que viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes antes incluso, de tomar la penosa y azarosa decisión de emprender un camino que, lamentablemente, puede conducir a la muerte de estos pequeños que no llegarán a vivir el espejismo del sueño americano.

*Analista