carina.garcia@eluniversal.com.mx

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que cumplir con su nueva facultad de verificación de firmas ciudadanas en apoyo a las consultas populares y la validación de su autenticidad costará 30 millones de pesos.

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), René Miranda Jaimes, indicó que el gasto será cubierto con recursos del INE, y le permitirá cumplir en tiempo con los informes que por ley el órgano deberá rendir a las cámaras del Congreso de la Unión sobre los resultados de su revisión.

Los recursos se destinaron a la contratación de más de mil 700 personas para realizar labores de captura, supervisión y revisión de todos los expedientes, personal al que se dedicarán 16.3 millones en sueldos y apoyos.

Este personal también realizará visitas domiciliarias a una muestra de 850 hogares por consulta, con el fin de verificar que los ciudadanos hayan firmado a favor y que el respaldo haya sido obtenido de manera voluntaria.

Otros 13.6 millones de pesos se destinaron a la adecuación de espacios, suministro de equipo de cómputo e infraestructura diversa.

Miranda Jaimes informó que los plazos de 30 días naturales para que el INE rinda al Congreso de la Unión los cuatro informes sobre la revisión aplicada a las firmas remitidas en respaldo a igual número de solicitudes de consulta popular, comenzarán a cumplirse del 18 al 29 de octubre.

Esto se debe a que se aplicó una revisión ante notario público sobre el contenido de cada caja que fue remitida al INE por la Cámara de Diputados y por el Senado.

Así, las fechas de notificación del INE al Congreso sobre la recepción de las firmas son el 18, 19 y 20 de septiembre y está por avisar sobre la última recepción, que será el 29 de septiembre. A partir de entonces comenzará a correr el plazo de 30 días naturales para remitir cada informe a la Cámara respectiva.

El procedimiento

El INE realizará dos tipos de verificaciones, una para constatar que cada solicitud cuente al menos con 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y la segunda para corroborar —vía una muestra de 850 visitas domiciliarias— la autenticidad de las firmas.

Miranda Jaimes dio a conocer que hasta el momento, en la revisión que se ha realizado a las firmas, se han detectado unas 170 mil incidencias, entre formatos en blanco o diferentes a los que prevé la ley; registros cancelados, tachados, sobres vacíos o formatos en fotocopia, cuando la ley exige la firma original.

Informó que el Consejo General del INE analiza aún un criterio jurídico sobre lo que ocurrirá con las casi 2 millones de firmas que el PRD entregó al Senado en diciembre pasado, y si se suman o no a las que entregó este mes.